Tras la aprobación del nuevo Ingreso Mínimo Vital, fueron varias las comunidades, de distinto signo político, que alzaron la voz en la Conferencia de Presidentes para reclamar la gestión de esta renta en las mismas condiciones que le ha prometido a País Vasco, Navarra o Cataluña, que la tienen cedida.
Autonomías del PP como Galicia, Andalucía o Castilla y León coincidieron con gobiernos presididos por socialistas como el de la Generalitat valencina o Aragón en pedir la cesión de esta renta vital. El presidente de la Xunta se mostró especialmente duro al acusar a Sánchez de "subordinar la lucha contra la exclusión social a sus cálculos políticos". Feijóo esgrimió que Galicia lleva gestionando la Risga desde hace 30 años y tildó de irresponsable que la nueva renta se ceda a unas comunidades y no a otras.
