"Hasta que derrotemos el virus", según palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, los españoles deberán llevar mascarilla o mantener una distancia social de 1,5 metros para evitar contagios, y no los dos metros inicialmente previstos. Así consta en el real decreto de la Nueva Normalidad, que ayer pasó por el Consejo de Ministros, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos y PNV y que entrará en vigor a partir del 22 de junio, cuando ya no habrá límites a la movilidad de los españoles con el fin del estado de alarma. La reducción a 1,5 metros de la distancia interpersonal fue una imposición de Ciudadanos para dar su voto a favor. El partido liderado por Inés Arrimadas quiere así favorecer a la hostelería y el comercio, pues permite ampliar los aforos en los establecimientos. El partido naranja justifica su apoyo porque hace "política útil".

Ciudadanos también vende como aportaciones suyas la recomendación a las empresas de que fomenten el teletrabajo y que el inicio de las competiciones deportivas se haga teniendo en cuenta a las comunidades autónomas y "sin que existan privilegios" de unos territorios sobre otros. El real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 debe ahora ser convalidado por el Congreso.

El PSOE y Unidas Podemos ya cuentan también con el respaldo del PNV y confían en sumar el de ERC. Este decreto es que el fija sanciones de 100 euros para quien no use mascarilla o no mantenga una distancia de 1,5 metros en espacios públicos. Durante al menos meses se generalizará la presencia de mascarillas en la calle, en transporte público, colegios, comercios, centros de trabajo... si no es posible garantizar la distancia de los 1,5 metros.

Salvador Illa rehusó ayer poner un fin temporal a la obligación de la mascarilla y la distancia de 1,5 metros. Se limitó a exponer que será cuando su Ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas, considere que la epidemia del Covid-19 ya no supone un peligro, por ejemplo cuando haya un tratamiento eficaz o una vacuna.

El decreto también establece que en la nueva normalidad las residencias de ancianos, uno de los principales focos de la epidemia y con una gestión en cuestión, continuará bajo coordinación de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. Las residencias deberán tener preparados planes de contingencia para posibles rebrotes.

Además fija que el Covid-19 será "enfermedad de declaración obligatoria urgente". Esto supone que todas las administraciones deberán "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica" del virus que se requieran, "en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos, en su caso, los datos necesarios para identificar a la persona".

La obligación afectará a todas las administraciones públicas y a todos los centros públicos o privados que dependan de ellas y su actividad "tenga implicaciones en la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos Covid-19", especialmente los servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.

Con el fin del estado de alarma se anulan todas las medidas para limitar la movilidad de las personas. Salvador Illa confirmó que a partir del 21 de junio, cuando se prevé que toda España esté en fase tres, ya se podrá viajar entre comunidades, pero advirtió de cuatro reglas básicas: "mantener la mascarilla obligatoria, distancia social aunque se lleve mascarilla, lavado frecuente de manos y máxima higiene".

A partir del 21 de junio, continuarán los controles sanitarios en los aeropuertos para los pasajeros de vuelos internacionales. Aena pondrá a disposición de Sanidad los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios para garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales, lo que se particularizará a través del un convenio de colaboración con Sanidad Exterior que permitirá la compensación a Aena por el desembolso que realice para desarrollar esta labor. En el caso de transportes públicos con asientos preasignados, por ejemplo aviones o trenes, las empresas tendrán que guardar el registro de viajeros durante cuatro semanas para facilitar los rastreos en caso de detectar alguna infección.

El decreto también fija medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.