Xunta y Gobierno han iniciado ya contactos para articular un protocolo que les permita cruzar información sobre los perceptores del Risga y los solicitantes del nuevo ingreso mínimo vital. A través de este convenio se articulará el mecanismo para que los beneficiarios de la renta autonómica que así lo deseen puedan acogerse de oficio a la ayuda estatal "con todas las garantías legales" y sin necesidad de presentar nueva documentación. Eso sí, la ley gallega que regula la Risga establece que esta prestación es incompatible con cualquier otra ayuda, de manera que los perceptores que deseen beneficiarse del ingreso mínimo vital dejarán de cobrar la renta autonómica. Y en la mayoría de los casos, la ayuda estatal es más ventajosa que la prestación de la Xunta.
La Consellería de Política Social insiste en que debe cederse a la comunidad autónoma la gestión del ingreso mínimo. Pero el Gobierno se ha negado. Eso sí, desde el Ministerio de Inclusión se ha pedido a las comunidades autónomas los datos de los actuales beneficiarios de rentas de integración social para ofrecerles la nueva ayuda. Para ello suscribirá convenios con cada una de las comunidades. Tiene de plazo hasta el 31 de diciembre.
En todo caso, la Xunta ha avanzado que su intención, tras las elecciones del 12-J, es hacer una reforma a fondo de la Risga en la que podrían cambiarse los colectivos a los que se dirige, los tramos o los requisitos para evitar así duplicidades con el ingreso mínimo vital.
