El Defensor del Pueblo urge una amplia revisión de las residencias y alerta que sus carencias son viejas

"Tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros", expuso Marugán en la Comisión Mixta de Relaciones para dar cuenta de su gestión en 2018 y 2019. El PP solicitó con el apoyo de Vox que Marugán abordara de forma monográfica la pandemia del coronavirus, pero se rechazó la propuesta.

No obstante, el Defensor aludió a ella al asegurar que el virus "ha sido tan poderoso que ha sido capaz de parar el planeta" y que con la triple emergencia que ha provocado, sanitaria económica y social, "vamos a tener que pelear en los próximos años". Y sobre todo habló del modelo de residencias de mayores imperante en España porque, según explicó, las deficiencias de estos centros son viejas y las ha abordado en sus informes, aunque hayan saltado a la luz pública, a raíz de la crisis del coronavirus.

Marugán explicó que en 2018 y "ante las reiteradas quejas recibidas", recabó información sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades. En 2019 continuó con su análisis y todavía no han contestado Galicia, Cataluña,y Canarias. De entre las reformas más urgentes, cree necesario revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial y se debe profundizar en el conocimiento de las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia mayores. También ve urgente que las comunidades aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de gestión, y cree conveniente reforzar la atención médica y de enfermería.

"La experiencia sufrida en las últimas semanas aconseja recomendar que las residencias cuenten con una estructura médica y de enfermería más amplia y extensa, para atender a unos residentes cada vez más dependientes", subrayó el Defensor, que instó a armonizar la normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.

Apuntó que la vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad, como el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas. Apostó por una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las personas de edad avanzada, con especial referencia a la atención en centros residenciales.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también habló de las residencias de mayores. En una entrevista en La Sexta aseguró que "desde el primer momento vimos todos que las residencias de mayores eran un foco de gran preocupación".

El ministro no quiso entrar a valorar la responsabilidad de los gobiernos autonómicos en la tragedia vivida durante la crisis del coronavirus, pero sí subrayó: "Las competencias de las residencias de mayores son de las comunidades autónomas, entiendo que todas han hecho lo mejor que han podido su trabajo". Eso sí, añadió: "Habrá que revisar a fondo el modelo de las residencias de mayores por si se produce una segunda oleada".

Representantes del sector de las residenciascoinciden en que es la administración quien debe cambiar el modelo para reforzar la atención sanitaria en los geriátricos. Josep Maria Via, asesor de la fundación Edad y Vida, punto de encuentro de empresas privadas, asociaciones de personas mayores e instituciones académica del sector, explica que existe gran consenso en la necesidad de que la atención socio-sanitaria en residencias se integre en el sistema nacional de salud. "Las residencias han estado demasiado tiempo dependiendo de los servicios sociales, un sistema que ha venido a saltar por los aires con la Covid porque ha quedado claro que la atención sanitaria no estaba bien resuelta", señaló.