Por la vía de los ingresos, el catedrático Santiago Lago no pronostica grandes problemas para las arcas autonómicas. Con matices, claro. "Los tributos propios, como Transmisiones Patrimoniales, van a caer", dice, pero con la cierta tranquilidad que da que el sistema de financiación autonómica se nutra de los anticipos del Estado -la principal fuente de ingresos en el caso de Galicia- y el Gobierno "ha decidido no corregirlos a la baja". Serán primordiales los 16.000 millones de euros del fondo de recuperación que todavía la Xunta critica por criterios "impropios y opacos", según ayer mismo se quejó el presidente Feijóo. "Si le pidieras a la Consellería de Facenda que diseñara el reparto, evidentemente que haría otro, pero la Xunta está más cómoda con los cambios", asegura Lago. El coordinador del grupo de expertos económicos del Ejecutivo regional entiende "con toda la razón" la exigencia de modificaciones por parte de San Caetano ante una primera propuesta "inasumible". Con "los criterios técnicos distintos" y la distribución más equilibrada -Lago recuerda la reserva de 2.000 millones de euros para Educación, teniendo en cuenta "el reto de preparar el curso próximo en las aulas con la digitalización y las distancias"- el economista y sostiene que la nueva propuesta es "razonable". "Ahí siempre estarán las cuestiones de la población y el sobrecoste por el envejecimiento y la dispersión", recuerda Pedro Veiga, responsable de Planificación de Abanca, en referencia a las eternas discusiones cada vez que se abre el melón de la reforma del sistema de financiación.

Tampoco cree Lago que los concellos vayan a sufrir con el mismo calado que otras administraciones una merma de sus ingresos porque "los impuestos más importantes en su caso están afectados poco por el ciclo". Ahí se enmarcan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el de circulación o el de Actividades Económicas (IAE). "No necesitan recursos, sino la liberación del gasto", indica. Las administraciones locales llevan tiempo pidiendo soltar amarras con el veto a la inversión del superávit acumulado en el último lustro. Fueron el nivel de gestión pública que antes dejó atrás el desequilibrio presupuestario. "La ley no les deja gastar ese remanente", explica Lago, que apuesta por "flexibilizar" esa prohibición, al igual que hizo la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado martes en su comparecencia en la comisión de reconstrucción del Congreso. Lo que no comparte Lago es que los ayuntamientos se conviertan en "prestamistas" e invoca experiencias pasadas como el Plan E impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Con el tiempo nos puede pasar que no le encontremos sentido -advierte-. Deben trabajar desde sus competencias. Lo otro es bastante disparatado".