El brote de Covid-19 en Lleida, el más importante de los 120 activos en España, ha puesto de manifiesto la falta de claridad jurídica a la hora de establecer confinamientos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó ayer que "no acepta" la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, que desestimó de madrugada el confinamiento parcial en la comarca de Segrià, y aseguró que asumirá las "consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas". Tras el revés judicial, el Gobierno catalán anunció la aprobación exprés de un decreto ley para sortear la oposición de la magistrada. El Gobierno central descartó decretar un estado de alarma total o parcial, y en su lugar planteó a las comunidades un Plan de respuesta temprana para brotes de coronavirus que afecten a dos o más autonomías, y que deberá ser aprobado el próximo jueves.

El laberinto jurídico atrapó a los habitantes de Lleida y su comarca, 160.000 personas que ayer se despertaron sin saber si podían abrir o no sus negocios o salir de sus casas. Seis alcaldes del Baix Segrià decidieron no aplicar el nuevo confinamiento y reclamaron "información mucho más detallada" en la que quede claro qué hacer desde los ayuntamientos y las autoridades sanitarias. El alcalde de Lleida, Miguel Pueyo, pidió "claridad" y puso en cuestión que una magistrada pueda "decidir sobre la situación sanitaria". "Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoría de la juez", dijo Pueyo en una entrevista en RNE.

El jefe del área epidemiológica de Lleida, Pere Godoy, admitió que el confinamiento perimetral de la comarca del Segrià decretado el pasado 4 de julio no ha dado los resultados esperados y apostó por medidas más restrictivas.

El Gobierno descartó decretar el estado de alarma parcial para controlar el brote, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló que estaba trabajando en una alternativa. Además, Sanidad adelantó el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, dirigido por Fernando Simón, el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de los brotes o aumentos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a los ciudadanos de Lleida que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias de su comunidad, que, según recordó, tiene el papel "preponderante" en la contención de los contagios.

Preocupa Barcelona

Preocupa también la situación de Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, con 300 positivos, y en Barcelona, dos núcleos de población contiguos.Los positivos de Covid-19 se han triplicado en una semana en la ciudad condal en 24 pequeños brotes que las autoridades consideran controlados. La situación "no es alarmante" aunque si "preocupa", admitió ayer la alcaldesa Ada Colau, que consideró insuficiente el dispositivo de rastreo de la Generalitat y exigió "más rastreadores".