El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cangas acordó incoar un procedimiento de diligencias previas contra la consejera delegada de DomusVi España, Josefina Fernández, y la directora del geriátrico DomusVi Aldán, así como contra dos cargos de la Xunta. Estos son la funcionaria responsable de los servicios de Inspección de Maiores e Discapacitados, e Idelfonso de la Campa, director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.
A todos ellos se les investiga por los presuntos delitos de homicidio o lesiones por imprudencia profesional o de abandono de discapacitados, según consta en el auto al que tuvo acceso Efe.
El juez admitió la querella presentada por los familiares de dos usuarias de DomusVi Aldán (Cangas), una de las tres residencias intervenidas por la Xunta debido a las altas cifras de contagiados por coronavirus, que se acabaron traduciendo en una treintena de fallecidos solo en este centro.
En esta primera fase de investigación, el magistrado cita a declarar a las querellantes, no a los querellados; requiere a Geriatros SA acceso al historial médico de estas dos residentes, una de las cuales falleció en el hospital, y encarga un informe forense sobre el diagnóstico y la asistencia médica de ambas. En ese informe se debe establecer si el tratamiento médico que recibieron en la residencia fue adecuado y si existió, teniendo en cuenta lo excepcional de la situación por la pandemia del coronavirus, "alguna acción u omisión constitutiva de imprudencia profesional" que provocara el contagio de una y la muerte de otra.
El juez aclara en su auto que "no se trata de investigar DomusVi o la residencia de mayores de Cangas, ni siquiera todas y cada una de las actuaciones del personal". De lo que se trata, abunda, es de investigar inicialmente si existieron acciones u omisiones que hayan provocado el fallecimiento de una de las residentes y del contagio de la otra.
