01 de octubre de 2020
01.10.2020
La Opinión de A Coruña

La Xunta rechaza pasar de curso a los alumnos sin tener en cuenta los suspensos como plantea Celaá

Eleva una queja a la ministra al ver la medida contraria a la cultura del "esfuerzo" - Padres y directores piden evitar la desigualdad

01.10.2020 | 01:09
Alumnos de ESO en un instituto gallego.

Galicia rechaza poder pasar de curso sin tener en cuenta los suspensos a la que ha dado luz verde el Ministerio de Educación al entender que "rompe con la igualdad de oportunidades y merma la calidad educativa". De hecho, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha elevado a la ministra del ramo, Isabel Celaá, una queja formal en una misiva para lamentar la falta de información en la Conferencia Sectorial de un "asunto de tanta trascendencia" y la Xunta avanza que no es su intención aplicarla. "Galicia va a seguir trabajando para que su sistema educativo -a día de hoy de los más equitativos e inclusivos del Estado- no se vea afectado por una normativa estatal que desprestigia la calidad del sistema educativo", sostiene el Ejecutivo gallego.

Rodríguez entiende, según informan desde la Xunta, que "posibilitar que un alumno pase de curso sin importar el número de suspensos desprestigia la propia educación y el trabajo de docentes y familias, va en contra de la cultura del esfuerzo y es profundamente antiequitativo". El conselleiro alerta del riesgo de "crear desigualdades entre el alumnado en función de su lugar de residencia, generando inseguridad jurídica y confusión normativa". Para el responsable de Educación gallego no se trata solo de garantizar la seguridad sanitaria en la pandemia, sino que el "reto principal" es hacer lo propio con el "derecho a la educación", que, añade, "se ve conculcado con esta medida al suprimir la función de generador de igualdad de oportunidades que corresponde al sistema educativo".

En la comunidad educativa la decisión del Gobierno central ha sido recibida con división, aunque, antes de conocer que la Xunta rechaza la medida, coincidían en general en la necesidad de que, llegado el caso, Galicia fije unas normas "claras" para evitar "desigualdades" por diferentes "interpretaciones" de cómo se promociona. Esas posibles "desigualdades" constituían el principal temor de Rogelio Carballo, presidente de Confapa Galicia, pero también aludía a ellas Eva López, directora del IES Valadares de Vigo y representante de los directores de instituto de Pontevedra. "Podemos compartir criterios de flexibilidad y de que no todo se reduce a un aprobado o a un suspenso, pero tienen que ser las mismas reglas de juego para todo el alumnado", aduce Carballo. "Lo que nos preocupa son las desigualdades que se puedan producir", incide, porque, añade, "lo que nos dice la experiencia es que estas normas que quedan a criterio de las autonomías, después quedan a criterio de los centros y en manos de departamentos y docentes". Eva López apuntaba también en que, de ser el caso, se diesen instrucciones desde la Xunta que eviten que los criterios no queden claros y "no creen subjetividades y desigualdades entre centros".

División entre sindicatos

Entre los sindicatos hay división. El sindicato mayoritario de la enseñanza gallega, la CIG, aduce la "excepcionalidad" del momento para avalar la excepcionalidad de las reglas, al prever que este curso "también" va a ser "traumático". Suso Bermello, su secretario xeral, lo señala al indicar que las "condiciones" que funcionaron el pasado curso deben "mantenerse en este". Tras emplazar a la Xunta a convocar a los sindicatos para negociar al respecto, sostiene que "lo fundamental es que el profesorado que está con el alumno es el que tiene realmente todas las herramientas en su mano para saber si debe promocionar o aprobar". A la administración le tocaría "fijar los marcos", pero sostiene que deberían "respetar" la autonomía de los centros y del profesorado.

CC OO y UGT apelan a la situación para ver "razonable" la medida promovida por el departamento que dirige Celaá, señala Maribel Loranca, de UGT. Esta recuerda que "la autonomía de los centros y de los equipos docentes a la hora de decidir la promoción del alumnado ha sido una práctica frecuente". CSIF, sin embargo, estudia impugnar la norma y pide la dimisión de la ministra y ANPE exige al Congreso derogar los artículos que dejan "al albur" de las comunidades "la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes" al creer que "se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades".

También expresaban su desaprobación las asociaciones de centros concertados y privados del conjunto del Estado.

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