16 de octubre de 2020
16.10.2020
La Opinión de A Coruña

Registran la casa del ministro de Sanidad y de otros políticos galos para investigar la gestión del Covid

Las pesquisas policiales responden a nueve denuncias por supuesta negligencia

16.10.2020 | 00:40
El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran.

Varios miembros del actual y del anterior Gobierno francés, incluido el ex primer ministro, Édouard Philippe, fueron objeto durante el día de ayer de registros judiciales en sus oficinas y en sus domicilios en el ámbito de la investigación abierta por su gestión de la crisis del coronavirus.

Fuentes judiciales confirmaron que, además de a Philippe, los registros afectaron al actual ministro de Sanidad, Olivier Véran, a su predecesora, Agnès Buzyn, a la antigua portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye y al director general de Sanidad, Jérôme Salomon. El actual primer ministro, Jean Castex, al ser preguntado por los registros, aseguró: La confianza que tengo en Olivier Véran es total". No quiso hacer más comentarios por respeto a la separación de poderes y tratarse de un procedimiento judicial.

Castex, en cualquier caso, hizo hincapié en la presunción de inocencia de la que tiene que beneficiarse su titular de Sanidad, del que recordó que desde hace meses se está ocupando de la epidemia "mañana, tarde y noche" y del que destacó que "es una gran baza para nuestro país".

La investigación, abierta el pasado 7 de julio sobre la base de nueve denuncias agrupadas en un mismo procedimiento (del más de medio centenar que se presentaron), corre a cargo del Tribunal de Justicia de la República, que es el competente en Francia para juzgar a miembros del Ejecutivo por el ejercicio de sus funciones dado su estatuto de aforados. Se trata de determinar si hubo dejación de funciones de los responsables de la gestión de la crisis por abstenerse de tomar medidas para hacer frente al siniestro de la pandemia, un delito que está penado con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.

En esta fase de la instrucción todavía no se han llevado a cabo interrogatorios, con lo que en principio la eventual imputación de las personas investigadas hasta ahora no debería producirse todavía.

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