La Comunidad de Madrid puso sobre la mesa la aplicación del toque de queda, que ahora estudia el Gobierno central, y ahora las autonomías toman partido. A favor estarían, entre otras, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que Aragón, Baleares y Canarias se posicionan en contra. Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Ayuso, anunció ayer nuevas restricciones por horas en la comunidad desde el sábado, pero sin emplear el término toque de queda.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, se mostró"abierto a la reflexión" sobre la adopción de un nuevo estado de alarma en el Estado y la aplicación del toque de queda si antes otras medidas preventivas no resultan suficientes, y si su aplicación es gestionada desde las comunidades autónomas. El gobierno asturiano de Adrián Barbón "podría estar de acuerdo" y también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "si es lo que recomiendan los técnicos que parece que así es", si bien pidió al Gobierno central, que esta decisión "afecte al conjunto del territorio español".
El presidente de la Generalitat, valenciana Ximo Puig, consideró "bastante razonable" implantar el toque de queda en toda España, y añadió que esta restricción se podría aplicar como en Bélgica -desde medianoche a las 05.00 horas-, ya que considera esta medida "más ajustada a nuestra manera de funcionar".
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page aseguró que empieza a ser "un momento razonable" para que el Gobierno de España y las comunidades autónomas pacten una medida homogénea en todo el país, a la que no quiso ponerle nombre, ante el crecimiento "disperso", pero "preocupante", del coronavirus.
Por el contrario, el presidente de Aragón, Javier Lambán, manifestó que plantear un toque de queda en España para restringir la movilidad a determinadas horas del día con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus es "algo que tendría que plantear el Gobierno central", para añadir que este tipo de medidas serán "en vano", si "no existe corresponsabilidad por parte de los ciudadanos".
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, tampoco se opone a esta herramienta, pero advirtió de que "una cosa es cerrar a las once de la noche y otra hacerlo todo el día" como sucedió en Cataluña.
