30 de octubre de 2020
30.10.2020
La Opinión de A Coruña

Galicia blindará por ley su facultad para dictar confinamientos y obligar a vacunarse

La Xunta impulsa un cambio legal que le permita obligar a los ciudadanos a someterse a PCR o a mantener cuarentenas so pena de multa - Las sanciones llegarán a 600.000 euros

30.10.2020 | 01:42
Galicia blindará por ley su facultad para dictar confinamientos y obligar a vacunarse

Galicia prepara un blindaje legal a las restricciones para luchar contra la pandemia que abrirá la vía incluso a obligar a la población a vacunarse contra el Covid-19, a mantener cuarentenas o a someterse a pruebas diagnósticas tipo PCR so pena de sanciones económicas. La Xunta impulsará una modificación de la Lei de Saúde para garantizar la seguridad jurídica en sus actuaciones, fijando sanciones que podrían llegar a los 600.000 euros.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer su intención de acometer lo más rápido posible este cambio legislativo, tras no ser escuchada de momento su propuesta al Gobierno central de una nueva ley orgánica de salud pública que establezca un marco jurídico para situaciones como la pandemia de Covid-19 y evite el estado de alarma y su "coste reputacional", pese a que es una decisión tomada por otros países europeos, como Francia o Portugal. En su opinión, el marco actual en España, renovado ayer en el Congreso de los Diputados con la abstención del PP y el único voto en contra de Vox, se "parece más un estado de excepción". En su opinión, debe evitarse prorrogar esa situación durante todo el año que viene de forma "intermitente".

La vía para aprobar este cambio será el PP, cuya mayoría absoluta presentará en breve un proyecto legislativo para establecer un marco de actuación ante la pandemia y evitar que las restricciones aprobadas deban ser refrendadas continuamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha validado hasta ahora todas las decisiones de la Xunta, como el confinamiento de Ourense o Barbadás.

Tras la llegada del Covid-19 a Galicia no pudo realizarse este cambio legislativo porque se disolvió el Parlamento con motivo de las elecciones autonómicas de abril, suspendidas para celebrarse finalmente el 12 de julio. La Cámara, sin embargo, abrió la nueva legislatura en agosto.

La ley permitirá al Gobierno gallego, según Feijóo, "dictar aislamientos obligados en los domicilios o en los hospitales, someter a tratamientos específicos a pacientes, poner en cuarentena a contactos estrechos [de un contagiado de Covid-19] y a la vacunación siempre que se dictamine por parte de las autoridades sanitarias, limitar la movilidad horaria, confinar por zonas y restringir las agrupaciones de personas", ilustró Feijóo.

También blindará el establecimiento de límites horarios para negocios, medidas de seguridad o la prohibición de beber alcohol en la calle. "El botellón en Galicia se acabó", zanjó el presidente durante su comparecencia.

En su propuesta de ley orgánica al Gobierno central ya se incluía la opción de forzar a la población a vacunarse contra el Covid-19 cuando la inmunización esté disponible. La cuestión es jurídicamente compleja, pues en la actualidad esta no es una obligación para los ciudadanos españoles.

"En relación con la vacuna, si las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y las europeas consideran que la vacuna es obligatoria, sí tendríamos capacidad para vacunar de forma obligatoria a nuestra población. En el caso de que en el calendario de vacunas se considere que la vacuna frente al coronavirus no sea obligatoria, no podríamos obligar a nadie", respondió a la prensa Feijóo, que considera "constitucional" el proyecto legal que tramitará su partido. Alega que se basa en la jurisprudencia de los autos del TSXG que han refrendado hasta ahora sus restricciones.

El dirigente gallego también alegó que la reforma legal detallará los motivos de sanción ante los incumplimientos de las restricciones, tras las dudas existentes entre administraciones y las anulaciones judiciales a muchas de ellas por defectos de forma.

No usar la mascarilla será castigado con al menos 100 euros en la comunidad gallega, como hasta ahora, pero se especificarán una treintena de motivos de castigo económico. En los casos leves, con multas hasta 3.000 euros; en los graves, de 3.001 a 60.000; y en los muy graves, hasta 600.000 euros, según se fijará en la nueva normativa.

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