Cantabria y Murcia, junto a Galicia, anunciaron ayer nuevas restricciones en la lucha contra el coronavirus. El Gobierno de Fernando López Miras (PP) en Murcia ha ordenado el cierre de la hostelería y la restauración en toda la comunidad, desde el sábado 7 de noviembre y durante 14 días. Sigue así la estela de comunidades como Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla y León y ahora también Galicia. En la comunidad murciana, la incidencia acumulada es de 748,1 positivos de Covid por 100.000 habitantes en 14 días y ya están ocupadas 98 de las 120 camas de cuidados intensivos que hay en la autonomía.
Los bares y restaurantes de Murcia podrán mantener servicios de comida a domicilio, pero no utilizar ninguno de sus espacios, porque, según explicó el portavoz técnico del comité de seguimiento Covid, Jaime Pérez, en los diez municipios en los que hace una semana ya se cerraron esos locales, los casos han caído un 8%, mientras que en el resto, han aumentado entre el 13% y el 14%. Con el cierre de la hostelería y el resto de restricciones que están en vigor, en Murcia esperan reducir un 70% los contagios actuales (en las últimas 24 horas se produjeron más de 900 positivos).
El Gobierno de López Miras también aconseja a los ayuntamientos cerrar los parques y jardines a partir de las siete de la tarde, y a las empresas, fomentar y permitir el teletrabajo.
Por su parte, el Gobierno cántabro ha decretado el confinamiento perimetral de todos sus municipios y el cierre del interior de bares y restaurantes, aunque permite el consumo en terrazas. La medida estará vigente hasta el día 9, sin descartar que se prorrogue hasta un total de 14 días.
En esta comunidad, la incidencia acumulada supera los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Y los niveles de ocupación de los hospitales y las camas UCI se encuentran "en nivel rojo".
El presidente Miguel Ángel Revilla instó a los padres a evitar la movilidad durante las vacaciones escolares de esta semana, pues se calcula que pueden suponer desplazamientos de hasta 120.000 alumnos y familiares. El Gobierno regional las había suspendido por este motivo, pero el martes la justicia invalidó la iniciativa, por lo que los niños se han quedado sin clases. "Pido encarecidamente que no haya movilidad de los niños hacia otros domicilios, espero que no se cometa esa insensatez", declaró.
El consejero de Salud, Miguel Rodríguez, defendió que "las medidas se toman por el bien de todos para no llegar al colapso de los hospitales y frenar la curva de contagios".
