El Gobierno defiende que su polémico proyecto para atajar la desinformación, que incluye "examinar la libertad y pluralismo de los medios", se basa "en una petición de la Unión Europea para desarrollar planes nacionales". Pero el documento europeo que cita la propia disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves utiliza una terminología radicalmente diferente. Donde el Ministerio de la Presidencia habla de "examinar", la Comisión Europea utiliza el verbo "fortalecer". La redacción de los puntos genéricos está prácticamente calcada con esa salvedad. Ayer, la Comisión Europea ya anunció que Bruselas "está vigilando" la norma española para comprobar que se ajusta a la legalidad europea.

Según lo publicado en el BOE, todos los estados miembros seguirían las mismas líneas estratégicas planteadas por el European Democracy Action Plan (Plan de Acción para la Democracia Europea), que tiene como uno de sus pilares el que afecta a los medios de comunicación. Mientras que el Gobierno utiliza la polémica expresión "examinar" -lo que le ha valido las críticas de la oposición, los juristas y la Asociación de Medios de Información- y parece, así, poner el foco de las fake news en los medios de comunicación, Europa plantea sus directrices de forma muy distinta. En el epígrafe dedicado a "proteger la libertad y pluralidad de los medios de comunicación", el documento de la Comisión Europea desarrolla de manera escueta pero clara los medios para garantizar dicha libertad: "Protección de los periodistas, sus derechos y condiciones de trabajo", la búsqueda de un modelo de "financiación que garantice una prensa libre", la intención de mejorar la "competitividad de los medios en la era digital" y garantizar la "autorregulación" y la supervisión de organismos independientes. Uno de los portavoces de la Comisión Europea, Johaness Bahrke, anunció ayer que, pese a que es pronto para dar un veredicto al respecto, la Comisión "está vigilando la aplicación de las medidas" del Gobierno de España. Algo muy similar a lo que ocurrió con la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Horas antes, el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, el español Esteban González Pons, advirtió que las autoridades europeas "acabarían interviniendo". Desde el comienzo de la pandemia, cuando se dio celeridad al plan europeo contra la desinformación y las fake news, Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión) ha venido avisando de que las medidas adoptadas por los estados miembros no podrían "vulnerar los principios fundamentales" de la Unión Europea, en clara referencia a la libertad de expresión.

En la Orden publicada el jueves se desarrolla la identificación y control de las fake news planteando la composición de un comité formado casi exclusivamente por políticos o técnicos dependientes del Gobierno, algo que pretende evitar el mismo plan europeo, donde se habla de "organismos independientes" o "autorregulación" de la prensa. Por su parte, el Gobierno plantea la creación de una Comisión Permanente formada por el Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de Comunicación y el secretario de Estado de Transformación Digital. Quienes decidirán lo que es o no es verdad.

El documento de la Comisión Europea que sirve como punto de partida al plan, utiliza como fuente la plataforma independiente freedomhouse.org. Esa misma organización no solo elogia la independencia de los medios de comunicación de nuestro país: "España tiene una prensa libre que cubre una amplia gama de perspectivas e investiga activamente la corrupción de alto nivel". También advierte de la "amenaza para la independencia de los medios" que, en España, supone "la interferencia política".