09 de noviembre de 2020
09.11.2020
La Opinión de A Coruña

La 'ley Celaá' cerca a la concertada: las autonomías evitarán las cuotas forzosas

Núñez Feijóo acusa al Gobierno central de "intentar eliminar el castellano como lengua vehicular" en la enseñanza y critica sus reformas judiciales y mediáticas

09.11.2020 | 00:45
La ministra Isabel Celaá, en el Congreso.

Las comunidades deberán extremar la vigilancia sobre los centros educativos concertados para comprobar si estos cobran cuotas forzosas a los padres de los alumnos, exigencias que están prohibidas, pues solo están habilitadas para percibir aportaciones voluntarias y por cuestiones extraescolares. Galicia ya prevé sanciones para estos casos y hace dos años recordó al sector sus obligaciones, pero la nueva ley educativa exigirá a las autonomías que "supervisen" esta cuestión para "garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos".

Así consta en la ponencia sobre el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como ley Celaá, en alusión a la ministra responsable de Educación, según avanzó ayer El Mundo en su edición digital. El texto ha generado varias polémicas y está todavía abierto a cambios, tras las 1.200 enmiendas presentadas por los grupos políticos del Congreso de los Diputados, que se debatirán el viernes en comisión.

La redacción actual fija que las comunidades autónomas tendrán la tarea de "supervisar" que las concertadas no cobran cuotas forzosas, si bien formalmente los centros siempre alegan que reclaman aportaciones voluntarias y que los fondos públicos que les llegan son escasos.

La nueva normativa tensará todavía más la relación entre el Gobierno central de coalición entre PSOE y Unidas Podemos con el sector de la enseñanza concertada, que mañana prevé manifestarse ante la delegación del Ejecutivo en Galicia para protestar contra la citada norma en tramitación. Interpreta varios preceptos de la nueva legislación como un ataque directo, en aras de promocionar la escuela pública. La ley Celaá veta la aportación económica a los centros que segreguen alumnos por sexo y quiere limitar la libre elección de centro de los padres para proteger y potenciar la pública.

Otra polémica afecta a la supresión pactada por PSOE, UP y ERC de la referencia a que el español sea lengua vehicular, aunque sus implicaciones prácticas sean cuestionables, pues mantiene la obligación de que se conozca el castellano. El texto obliga a incluir en sus proyectos educativos una "estrategia digital" que permita dar clase de forma virtual, una vía de emergencia en caso de confinamientos. Mantiene que pueda obtenerse el título de Bachillerato con un suspenso, aunque no en casos de "inasistencia continuada y no justificada", según El Mundo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió ayer a la ley Celaá en las redes sociales con dos mensajes. "En plena pandemia, cuando se supone que debería estar gestionando la segunda ola, el Gobierno ha pasado la responsabilidad a las comunidades y se ha dedicado a intentar eliminar por ley el castellano como lengua vehicular, a intentar reformar la ley para elegir directamente a los jueces", espetó. "Y a impulsar una norma para amordazar a la prensa y que sea el Gobierno quien decida lo que es verdad y mentira. Mientras, niega una y otra vez una ley para poder gestionar la pandemia", añadió.

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