Ayer, sobre las 11 de la mañana. El pleno del control al Gobierno aún sigue en el Congreso, pero fuera de las cámaras se desarrolla otra reunión importante, por videoconferencia. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, coordina un encuentro técnico interministerial en materia migratoria. La cita ya estaba programada de antemano, pero obviamente aborda lo que está sucediendo en Canarias. Un drama humanitario gigantesco por la llegada incesante de pateras y cayucos, un flujo que está colapsando las islas. Pero a la presión migratoria se sumaba, el martes, un episodio aún no aclarado, el traslado no permitido de 227 magrebís que llevaban más de 72 horas retenidos y que permanecían en el muelle de Arguineguín, junto a otras 2.000 personas. De allí salieron sin haber un alojamiento para ellos.

Lo sucedido se coló en la Cámara baja, donde PP, Ciudadanos y Coalición Canaria pidieron la dimisión del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "incompetencia" para gestionar una crisis que ha convertido las islas, para la diputada nacionalista Ana Oramas, en un "polvorín, un volcán". El ministro advirtió de que no se irá pero sí anunció que se investiga ya lo ocurrido en Arguineguín. "Se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa descoordinación", apuntó.

También el delegado del Gobierno en Canarias, el socialista Anselmo Pestana, negó igualmente que él o su equipo hubieran dado la orden de facilitar la salida de inmigrantes del muelle sin tener un espacio donde realojarlos, situación que "no se va a repetir".

Pero la tensión se ha disparado en varias líneas. No solo de la oposición con el Gobierno. También en el interior del Gabinete, y entre el Ejecutivo autonómico y el central. Ayer comenzó el traslado de los primeros 200 migrantes a un campamento militar montado por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco de Las Palmas, que tiene capacidad para 800 personas. Tanto el director de la Policía, Francisco Pardo, como el responsable operativo, José Ángel González, supervisaron los trabajos de habilitación de Barranco Seco.

El ministerio que dirige Margarita Robles se resistía a ceder espacios militares en uso, por el "riesgo" que podría entrañar para los migrantes, muchos de ellos menores, y porque no tiene competencias en materia humanitaria. Consideraba que Interior tenía que agilizar los vuelos de los sin papeles a la Península, donde los centros de acogida están semivacíos. En el departamento de Grande-Marlaska precisan que se han realizado traslados "puntuales" -"más de mil en los últimos meses"-, pero sin publicidad para evitar un efecto llamada.

Al final, Defensa accedió y cedió a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cinco espacios militares ya en desuso para hacer frente a la crisis en las islas: cuatro de forma definitiva -Barranco Seco y las instalaciones del Canarias 50 (Gran Canaria), Las Canteras (Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura)- y uno de forma provisional (el acuartelamiento tinerfeño de Las Raíces). Mientras Defensa destaca el papel de sus efectivos y la rapidez en el acondicionamiento, otras fuentes del Ejecutivo sostienen que ha sido clave "la presión del resto del Gabinete y de Presidencia del Gobierno sobre Robles".

En la Vicepresidencia Primera, en Interior y en Política Territorial subrayan que se está reforzando la coordinación para solventar la crisis lo antes posible, de la mano de Exteriores y Defensa y con el Ejecutivo autonómico, cabildos y ayuntamientos.

Marlaska viajará mañana a Marruecos -es su séptimo viaje al país- para buscar su colaboración y sellar la ruta atlántica, y el titular de Transportes, José Luis Ábalos, visitará el centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas. También Arancha González Laya ha multiplicado su presencia en África. El Gobierno incide en que, además de la emergencia humanitaria hay que abordar el problema de raíz, buscando la complicidad de los países emisores y de tránsito.