El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que haga públicos los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno central en la gestión del COVID-19. Según este órgano, no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en “decisiones relevantes”.
El CTBG se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió a Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.
Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio para que remita al abogado la información que había solicitado.
La oposición se mostró ayer muy crítica con el Gobierno tras conocerse esta decisión. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, avisó al Gobierno que es una “obligación” y no “una opción” que dé a conocer estos nombres y se ha preguntado si esos expertos “existen”. Por su parte, Ana Pastor vicesecretaria de Política Social del PP y exministra de Sanidad, afirmó en su cuenta de Twitter estar “expectante”. “No se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo”, añadía por su parte el líder del PP, Pablo Casado.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró ayer que el Ejecutivo va a “valorar” y “estudiar” la resolución del Consejo de Transparencia. “Vamos a valorar la resolución. Vamos a estudiarla. La valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo”, señaló la socialista a preguntas de los medios.
