El fiscal y juez en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo durante 22 años y expresidente de la Asociación pro derechos humanos, José Antonio Martín Pallín, es un reputado jurista de origen gallego que sigue ejerciendo su derecho de réplica a las decisiones judiciales que le parecen arbitrarias, injustas o simplemente parciales. En su último trabajo El gobierno de las togas alerta de que cuando las tensiones de la política llegan a los juzgados, se lesiona la esencia de la democracia. También advierte de que la división de poderes está en juego.

¿Cree que el Rey emérito ha saldado su irregular situación fiscal tras el pago a Hacienda de 678.393?

Una monarquía parlamentaria tiene que rendir cuentas al Parlamento y a los ciudadanos. Resulta insólito, no hay precedentes de que un Rey esté siendo investigado por la Fiscalía por tres delitos muy graves: una fantasmagórica donación o regalo a Corinna, que por todos los indicios era su amante; también el manejo de fondos en sociedades opacas en paraísos fiscales como Jersey o Panamá y, por último, la defraudación a la hacienda pública con tarjetas opacas Royal Black [de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como otros miembros de la Familia Real entre 2016 y 2018, utilizando fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo].

¿Y centrándonos en ese último?

Supongo que estará aconsejado por expertos para tratar de regularizarlo con una autoliquidación. Pero para que estuviese exento de responsabilidad, tendría que haberlo hecho antes de que el Ministerio Fiscal le comunicase que existían investigaciones abiertas sobre esos tres delitos. Con lo cual, la cláusula de responsabilidad que establece el artículo 305.4 del Código Penal no entra en juego, porque ya está fuera de plazo. Puede servir para una atenuación de la responsabilidad, como se aplicaría al Rey o cualquier otro ciudadano en esas mismas circunstancias. El propio Tribunal Constitucional lo ha dicho: el Rey, el jefe del Estado, ha infringido un deber ético legal de solidaridad, que refleja el artículo 31 de la Constitución. Y esto es lo verdaderamente reprobable. Repruebo más esa falta de ética, que incluso el posible delito que se haya cometido.

Conocidas son sus reflexiones sobre el procés catalán. ¿Qué vías cree que podrían restablecer “la mesa de diálogo”?

La forma de restablecer el diálogo no pasa (solo) por el indulto de los nueve condenados. Yo pienso que el conflicto catalán tal como lo conocemos recientemente, comienza con el primer referéndum consultivo del año 2014, [...] Y sobre todo, tras lo acontecido el 1 de octubre en la votación, con la “actuación desproporcionada”, no lo digo yo, sino que lo dice la sentencia, por parte de las fuerzas del orden. Por tanto, la amnistía debería comprender desde el año 2014 hasta el 2020 y todos los delitos, que son muchos y de diversa naturaleza, que se han abierto durante ese tiempo. Se han abierto diligencias penales contra personas que fueron a votar, por resistencia a la autoridad, así como contra policías y guardias civiles por excederse en el uso de la fuerza. Yo aconsejaría con racionalidad democrática conceder una amnistía para todo ese tiempo. Para los nueve condenados hay otra solución paliativa que es el indulto. Parece que se está tramitando y yo no veo ningún inconveniente.

¿Es constitucionalmente defendible?

Encuentro que hay razones de justicia y equidad como dice la Ley de indulto, para concedérselo. Es más, su tramitación no tiene porque dilatarse en el tiempo. Esas son las dos alternativas que propongo para que pueda restablecerse la mesa de diálogo, porque prácticamente con la pandemia se paralizó. Eso sí, los independentistas catalanes tampoco pueden enrocarse en su postura de independencia unilateral, también tienen que ceder.

¿Qué hubiera hecho si estuviera en esa mesa de siete magistrados?

Mi libro sería el voto disidente de los otros seis; si yo hubiera estado

¿Piensa que es un problema político que se ha judicializado?

Yo creo que es un conflicto netamente político y las actividades que se le imputan a los condenados, también lo son [netamente políticas]. En la Consejería de Vicepresidencia hubo una manifestación que no impidió, como dice la propia sentencia, que la diligencia policial de registro se realizase y luego, el 1 de octubre, según opinión unánime de la Comisión jurídica internacional, la actuación de la Policía y la Guardia Civil fue desproporcionada. Como he dicho antes, así lo recoge la propia sentencia.

¿Fue abusiva la prisión preventiva?

Es otro aspecto inadmisible de la prisión preventiva en nuestro país, del sistema pre procesal. El riesgo de fuga no puede extenderse por el hecho de que Puigdemont se haya ido. Hay un grupo de trabajo de Naciones Unidas que aseguró que las detenciones han sido arbitrarias. Yo me remito a ese informe.

¿Qué opina de los whatsapp de los militares retirados, en los que uno de ellos pedía fusilar a 26 millones de españoles?

Aunque tengan ciertos aires cómicos... Si consiguen que se movilice el ejército, podrían dar un golpe ‘a lo Tejero’. Lo más absurdo de todo esto a mi modo de ver es que este sentimiento en militares retirados es un reflejo de lo que domina, aunque con excepciones, en el ejército en activo. Habrá que investigar y el CNI tiene ahí mucha tarea. El Ministro de Defensa, también. Me ha extrañado mucho que tardase en salir un alto mando del Ejército, del Estado Mayor, en declarar su defensa de la democracia. Y todavía más asombroso es que la Casa Real se limitase a decir que era una carta de las miles que recibía, sin emitir un comunicado de rechazo.

“Mi propuesta para la elección del CGPJ es que en la mayoría absoluta tengan que participar 4 o 5 grupos parlamentarios

¿Qué cambios son necesarios en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para asegurar una separación de poderes?

En 1985 se modificó la Constitución para encomendar el nombramiento de los 20 vocales del CGPJ al Parlamento —a las dos cámaras— por una mayoría cualificada de tres quintos, con lo cual ya se politiza el Consejo. En la historia de España han sido el PSOE y el PP, como se ha dicho en el argot común quienes se han ‘repartido los cromos’. Ahora se ha propuesto por el gobierno una posible alternativa: en un tiempo razonable que del nombramiento por los 3/5 se pase al nombramiento por mayoría absoluta. Como esto puede ser peligroso, yo he propuesto (y lo han admitido), que en esa mayoría absoluta tengan que participar al menos 4 o 5 grupos parlamentarios, con lo que tienen más pluralismo y participación. Pero hoy le he escuchado al grupo popular y me ha causado asombro que en Europa rige este sistema. En el sistema italiano, que es el que hemos importado, hay ocho elegidos por el parlamento y otros 16 juristas escogidos por los jueces y magistrados y presidido por el presidente de la República simbólicamente. Me asombra que digan que el sistema que tenemos ahora es el que impera en todo Europa. Es rigurosamente falso.

También fue muy criticado el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal general del Estado.

Es un síntoma que me preocupa. En la mayoría de Europa, Alemania Italia y Francia los jueces pueden militar en partidos políticos, aunque no pueden ejercitar funciones directivas. En sociedades maduras, con valores democráticos maduros, consideran que militar en un partido político no hace a nadie perder su dignidad, ni imparcialidad. En este país, en cambio, la sociedad tiende a distinguir entre los políticos y nosotros. Nosotros hemos elegido a los políticos y también podemos serlo. La política no compromete los valores éticos de una persona. Así que como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis.