Tres días más de vacaciones escolares de Navidad. Esa es la propuesta que ha puesto sobre la mesa en Galicia el sindicato ANPE y que la Consellería de Educación estudiará, aunque cualquier decisión al respecto, y teniendo en cuenta que es un tema “delicado” porque afecta a la conciliación familiar, se adoptará conforme a criterios sanitarios. Así lo señaló ayer el titular de Educación gallego, Román Rodríguez. Sanitarias son también las razones que alegan desde la representación de los docentes para pedir ese margen en la vuelta al “cole” tras el paréntesis navideño, en aras de “paliar y frenar la posible expansión de brotes tras las fiestas”.

Román Rodríguez indicó que se está “viendo” esa posibilidad y apeló a la prudencia, dado que solo se aplicaría con el aval y la recomendación de los sanitarios. “Tiene que estar planteado y avalado desde la perspectiva sanitaria”, sostiene. “Es una cuestión muy delicada”, concedió, porque afecta a las familias, y recordó que Galicia optó por un tramo de días de vuelta que es compartido por la mayoría de las comunidades.

También Cataluña había previsto el regreso el día 8. Sin embargo, el departamento de Educación, aconsejado por el de Salud, decidía ayer reanudar las clases el día 11, como pide ANPE en Galicia, para alejar lo máximo posible el regreso a las aulas de los encuentros familiares de las fiestas navideñas. “Es una medida preventiva que tiene que facilitar que los hipotéticos contagios durante las vacaciones de Navidad y hasta el día de Reyes lleguen a la escuela en la mínima expresión posible”, explicó el conseller de Educación, Josep Bargalló. Incluso queda abierta la posibilidad de demorarlo más si los datos epidemiológicos fueran peores, avisó. Por el contrario, en Asturias señalaban ayer que ni siquiera barajaban esa opción.

Mientras se debate la vuelta tras las Navidades, sigue el rechazo contra la ley Celaá en la enseñanza concertada. La plataforma Más plurales —que agrupa a sindicatos, asociaciones y organizaciones de la concertada—, que ayer se concentraba ante el Senado, donde prosiguen los trámites de la Lomloe, convoca para el domingo protestas en todo el Estado. Los populares gallegos anunciaban ayer que secundarán esa protesta contra la Lomloe para defender “el sistema educativo y la normal convivencia lingüística que siempre caracterizó a Galicia”. Lo dijo su secretario xeral, Miguel Tellado, quien indicó que el PPdeG estará presente “a todos los niveles” porque “comparten” las reivindicaciones. “En lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestras competencias y, con el respecto escrupuloso de la ley, defenderemos el modelo educativo que ha funcionado a lo largo de los últimos diez años en Galicia y que ha permitido niveles de éxito educativo importantes, como revelan todo tipo de informes”, alegó, recoge Europa Press.

El secretario general del PP, Teodoro García, confirmó esta sintonía y aseguró que las comunidades gobernadas por el PP harían una “resistencia cívica y legal” para “minimizar” el impacto de la norma. En esa línea, apuntaban iniciar antes los trámites de admisión en el próximo curso, lo que comparte Galicia, que aduce que la Lomloe da amparo legal para ello.

En esa línea, Madrid arrancó la admisión el 4 de diciembre y ayer iniciaba los trámites para elevar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos por “su disconformidad con la intención del Gobierno de reducir el papel de la educación concertada”. Asimismo, Murcia publicará hoy la orden para iniciar la matriculación para sortear en ese aspecto la ley Celaá. Así, alegó su presidente, Fernando López, “el principal criterio” para adjudicar una plaza en un centro de la región “seguirá siendo como hasta ahora la libre decisión por parte de sus padres”. Por el contrario, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, defendía ayer que la educación concertada en esta comunidad “no corre ningún tipo de riesgo” ante la Lomloe y abogó por mantener las aulas andaluzas “al margen de la especie de duelo” que cree que se está librando en Madrid en esta materia. Tampoco la Junta de Castilla y León, gobernada en coalición por el PP y Cs, prevé adelantar los trámites de matriculación.