La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos —al menos 200 en Galicia—. La mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar e informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan solo nueve han dimitido y uno de ellos ha sido destituido, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía.

Una de las dimisiones más sonadas fue la del ya antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, que presentó su renuncia tras este debate sobre la vacunación en el seno de la cúpula militar. Esta dimisión se produjo unas horas después de conocerse que había destituido a un alto cargo de la Guardia Civil por el mismo motivo.

Hasta una treintena de políticos se han saltado el protocolo de vacunación, aunque las dimisiones se cuenten con los dedos de una mano. Así, anunciaron su dimisión los ya exconsejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta después de que se conociera que habían recibido la primera dosis de la vacuna a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación. Asimismo, la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), comunicaba ayer su dimisión como primera edil por recibir la vacuna, el mismo camino que siguió la coordinadora de Izquierda Unida en la ciudad de Murcia, Alicia Martínez, y la teniente de alcalde de Denia (Alicante), Cristina Morera (PSOE).

Por otro lado, se ha conocido que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, también ha presentado su denuncia por recibir la vacuna contra la COVID-19 antes de que fuera su turno. Del mismo modo, presentó su renuncia el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez, por administrarse esa vacuna antes de tiempo, al igual que la gerente del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.

En las últimas fechas se ha conocido que incluso la madre de la directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, fue vacunada contra el COVID-19 hace dos semanas, cuando la campaña de vacunación se dirigía a personal sanitario del servicio de emergencias del 061.

Asimismo, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha recibido ya incluso hasta la segunda dosis de la vacuna en una residencia donde residen sacerdotes mayores y jubilados de la diócesis.

Otra de las polémicas surgió en Asturias después de trascender que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) decidió vacunar a personal directivo y a liberados sindicales incluyéndolos en el grupo de sanitarios de primera línea. Estas personas se suman a una lista en la que también se encuentran 200 trabajadores, del área sanitaria de Pontevedra, el director médico del Hospital de Andújar (Córdoba), varios directivos de una empresa de ambulancias, el responsable de una empresa gestora de residencias en Vizcaya y los directores y otros trabajadores no esenciales del Hospital de Basurto. Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cifró en 200 las personas que ya se habrían vacunado en la región valenciana pese a no ser del primer grupo de vacunación. Por su parte, en la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y funcionarios de esta consejería.