El Parlamento gallego ha dado hoy luz verde a dos leyes clave para gestionar la pandemia y sus consecuencias económicas: la Lei de Saúde y la de Reactivación Económica.

Con la primera norma, que entrará en vigor “en los próximos días” tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la Xunta se dota de herramientas legales para poder obligar a vacunar a la población o decretar confinamientos. Aunque todavía no es obligatorio vacunarse de COVID-19 en Galicia, el gobierno autonómico ha aprobado el marco legal por si, llegado el caso, se considera que una vacuna debe ser obligatoria pueda obligar a vacunar.

La reforma legal acometida por la Xunta y que hoy recibe el visto bueno de la Cámara otorgará al Gobierno gallego la facultad, no solo para dictar confinamientos y restricciones sociales como método de combate contra una pandemia como la de COVID-19, sino que multará económicamente a quien se niegue a someterse a una prueba diagnóstica como las PCR o a vacunarse, siempre que la inmunización sea “prescrita por las autoridades sanitarias”. Los castigos serán de hasta 3.000 euros en los casos leves, pero si existen agravantes que pongan en peligro la salud de otros ciudadanos la cuantía podría llegar a los 600.000.

Contra la nueva Lei de Saúde se manifestaron el pasado sábado en Santiago colectivos negacionistas que alertan que esta norma supondrá la creación de campos de concentración para enfermos del COVID, algo totalmente falso. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó ayer de “irresponsabilidad” y de “falta de respeto” esta protesta.

Oposición

La ley se aprobará en el Parlamento sin el apoyo de la oposición. El PP reprochó ayer a PSOE y BNG que coincidan con “los negacionistas” en su rechazo a esta normativa. En opinión del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, esta ley restringe con arbitrariedad demasiados derechos de los ciudadanos y, además, “no soluciona nada” ni “va a dar respuesta a los problemas”.

La otra ley que se aprobará en el pleno que se celebra hoy es la de Reactivación Económica que contempla una simplificación administrativa y abre la puerta a que gestorías puedan tramitar licencias de obra municipales.