El Gobierno lanzó ayer sus dudas acerca de la nueva Lei de Saúde de Galicia, la primera norma autonómica aprobada para frenar el impacto de pandemias como la de COVID-19, pero que abre la puerta al establecer la vacunación contra ese tipo de enfermedades como un requisito obligatorio y a multar a quien se niegue. En caso de poner en peligro la salud pública, las sanciones podrían llegar a 600.000 euros. “Podemos estar ante una limitación de derechos fundamentales”, alertó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque aclaró que esperarán a contar con informes jurídicos ad hoc para decidir si recurren la norma ante el Tribunal Constitucional.
La legislación gallega fue aprobada el martes con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PP y con la oposición alzando la voz de alarma contra posibles recortes de derechos de la ciudadanía. La norma no impone la vacunación forzosa, pero establece castigos económicos a quien se niegue a someterse a pruebas diagnósticas como las PCR o a recibir la vacunación “siempre que la inmunización sea “prescrita por las autoridades sanitarias”.
Ese punto ha suscitado suspicacias. “La vacuna no es obligatoria en España. Respecto a otras normas que pretenden lo contrario tendremos que esperar la decisión de la Justicia”, declaró Darias tras participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se analizaron las medidas a adoptar en Semana Santa en plena desescalada autonómica tras la reducción constante de la incidencia de la pandemia este mes.
A pesar de la sospecha de que la norma gallega va más allá de sus competencias, el Gobierno no moverá aún ficha y se ceñirá al procedimiento habitual. Esperará a que la comisión que evalúa la constitucionalidad de las normativas autonómicas se pronuncie antes de decidir si recurre la ley ante el Tribunal Constitucional, lo que paralizaría la vigencia del texto.
“Estamos esperando informes jurídicos que se realizarán cuando se publique la norma [en el Diario Oficial de Galicia]”, matizó Carolina Darias.
La Lei de Saúde fue la respuesta normativa a la pandemia y a la negativa del Gobierno central de impulsar un marco legal para todo el Estado que blindase la capacidad para decretar restricciones en aras de proteger la salud pública.
La Xunta cubre sus espaldas legalmente para castigar con una multa de 100 euros a quien no lleve mascarilla, fijando una horquilla máxima de 3.000 euros para las sanciones más leves.
Los supuestos más penados (hasta 600.000 euros) se refieren a saltarse el confinamiento, cuarentenas o no someterse a inmunización o PCR. Para alcanzar las multas más altas se debería ser reincidente y causar daños graves.
