La tensión entre la Xunta y el Gobierno central crece a raíz de la aprobación de la Lei de Saúde gallega, que ampara las sanciones a quienes se nieguen a recibir una vacuna o a someterse a pruebas diagnósticas como una PCR siempre que las “autoridades sanitarias” decreten la obligatoriedad de la inmunización, La norma fue aprobada precisamente para combatir la pandemia de COVID-19, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sembró dudas esta semana sobre su constitucionalidad, pues cree que puede “limitar derechos fundamentales”, aunque aplazó la decisión de recurrirla ante el Tribunal Constitucional a que esta sea publicada en el Diario Oficial de Galicia. “Espero que no se nos castigue por velar por la salud pública”, replicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La norma fue criticada por la oposición gallega, al estimar que incide en los elementos punitivos, aunque Feijóo defendió precisamente que blinda la seguridad jurídica de las restricciones aplicadas por la administración en pandemias como la actual, reprochando al Gobierno central no haber atendido su propuesta de aprobar una legislación estatal. “Si hay algo que no deberíamos someter al Tribunal Constitucional es una ley para gestionar la pandemia”, dijo.

Además, el dirigente gallego avanzó que no entendería que el Gobierno recurriese una norma de la que ya había tenido conocimiento previo y sobre la que no alertó.

La polémica reside en las multas de hasta 3.000 euros para quienes se nieguen a ser vacunados si la inmunización es declarada obligatoria, multas que en casos graves pueden llegar a 600.000. La norma ampara los castigos si la administración central impone esa medida. “Abrir el debate sobre la vacunación obligatoria es procedente”, lanzó, pues la negativa a protegerse puede afectar a la salud pública.

La cuestión fue abordada antes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el conselleiro de la rama, Julio García Comesaña, que coincidieron en su visita a la planta de Biofabri en O Porriño. “La vacuna en España no es obligatoria”, dijo la primera. El segundo recordó que la norma gallega, “en el supuesto de que haya una ley nacional que impusiera esa obligación, establece cómo hacerlo.

Contra el 8-M

Feijóo se mostró contrario a la autorización de la manifestación del 8 de marzo y recordó que el permiso el año pasado, en el inicio de la pandemia, fue una actuación “negligente” que espera no se repita. También pidió control sobre las manifestaciones de negacionistas llegados a Galicia desde otras comunidades.