El fiscal delegado de Galicia de civil y protección a personas con discapacidad, Santiago Miguel Cruces, califica de “casi anecdóticos” los casos registrados en la comunidad por negativas de familiares a vacunar contra la COVID-19 a un allegado que no puede decidir por sí mismo.
De acuerdo con los datos de los que dispone el Ministerio público, han sido hasta el momento doce casos, de los que once están judicializados. En concreto, dos notificados en Santiago, cuatro en Vigo, uno en Ferrol, tres en Ourense y dos en Pontevedra. En este último caso, uno de ellos no está judicializado porque la persona, que ya había pasado el COVID, tuvo que ser, con posterioridad, ingresada y se está a la espera de su situación médica.
El otro caso afecta a una persona que mantiene “una postura negacionista” y que tampoco dio una respuesta en el plazo que se le dio para firmar el consentimiento, previo aviso de que, de lo contrario, se iniciarían las correspondientes actuaciones judiciales.
En referencia al número de negativas, el fiscal delegado de Galicia apunta que “si se tiene en cuenta que las plazas residenciales son unas 20.000 de centros de mayores y no llega a 3.000 en el caso de personas con discapacidad se puede valorar una incidencia mínima”.
