Un grupo de 17 gobernadores brasileños divulgó ayer una carta en la cual acusa al presidente Jair Bolsonaro de “distorsionar” datos sobre el dinero que el Gobierno federal ha dedicado al combate de la pandemia de COVID-19.
En la carta, los gobernadores de 17 de los 27 estados del país expresan “preocupación” por el uso de “instrumentos de comunicación oficiales, costeados con dinero público, para producir información distorsionada, generar interpretaciones equivocadas y atacar a los gobiernos locales”.
El malestar fue generado por informaciones que el mandatario publicó en sus redes sociales y aparecieron en algunos portales de comunicación oficiales, en los que se detallan recursos enviados por el Gobierno federal a los estados a lo largo de 2020.
En esa información, se incluyen valores que el Ejecutivo está obligado constitucionalmente a distribuir entre los estados, así como también el coste de unos subsidios aprobados por el Congreso y dirigidos a los más pobres y desempleados para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.
Según los gobernadores firmantes de la carta, entre los que están dos vinculados al bolsonarismo, “en medio de una pandemia de una proporción inédita en la historia, agravada por una contundente crisis económica y social, el Gobierno federal parece dar prioridad a la creación de confrontaciones” políticas.
La carta fue difundida en un momento de serio agravamiento de la pandemia, en parte atribuido a una mutación local del virus mucho más agresiva surgida en Amazonas.
Muchos de los gobiernos regionales y municipales han vuelto a adoptar diversas medidas para contener los contagios, que incluyen el cierre de todas las actividades económicas no esenciales.
Jair Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha, ha reaccionado con duras críticas a esas medidas, ha advertido de que sólo empeorarán la grave crisis económica del país y afirmado que “el pueblo quiere trabajar” y “no quedarse encerrado en casa”.
Bolsonaro dijo que los gobiernos locales que suspendan las actividades deberán costear los subsidios a los más pobres.
