Varios partidos de izquierda de Portugal que impulsaron la despenalización de la eutanasia se han mostrado dispuestos a buscar una nueva redacción de la ley que subsane los puntos rechazados por el Tribunal Constitucional (TC) y llevarla de nuevo al Parlamento. “Estamos disponibles para trabajar, para llegar a una norma que vaya al encuentro de los recelos del TC”, señaló en declaraciones a la prensa la diputada socialista Isabel Moreira, una de las autoras del texto final de la ley, que destacó que el tribunal no consideró que la eutanasia por sí misma sea inconstitucional.
Los jueces determinaron que “no hay incompatibilidad entre la despenalización de la eutanasia y la protección que da la Constitución a la vida humana”, subrayó la diputada, que refirió que respetan la decisión del tribunal.
Desde el Bloco de Esquerda, el diputado José Manuel Pureza aseguró que trabajarán para “ir al encuentro de las indicaciones” del tribunal y que la decisión de los magistrados no supone una “situación que no se puede solucionar”.
El Tribunal Constitucional echó para atrás la ley de la eutanasia, que despenalizaba la muerte asistida para casos de mayores de edad sin enfermedades mentales, en situaciones de “sufrimiento insoportable, con lesión definitiva de gravedad extrema de acuerdo con el consenso científico o enfermedad incurable y fatal”.
Los jueces consideraron que algunos conceptos usados en la norma caen en la “imprecisión” y coincidieron con algunas de las reservas mostradas por el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que había remitido la norma al tribunal de forma preventiva para que evaluase su constitucionalidad.
Horas después de conocerse la decisión del TC, Rebelo de Sousa vetó la ley por inconstitucional.
La despenalización de la eutanasia fue aprobada en la Cámara el 29 de enero tras un año de trámite parlamentario, con el apoyo de los grupos de izquierda, el rechazo de la derecha, y en medio de un tenso debate sobre la idoneidad del momento debido a la pandemia.
Además de tener una enfermedad o lesión incurable, la norma portuguesa establecía que la decisión final sería evaluada por un comité de expertos y solo podría practicarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
