El Gobierno ha decidido abrir la comisión mixta Xunta-Estado para negociar los preceptos que considera inconstitucionales de la Lei de Saúde de Galicia, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, tras acordarlo el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo. El propio Ministerio de Política Territorial comunicó a la Xunta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer por la tarde la apertura de la comisión mixta, lo cual fue confirmado por el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, en el Parlamento gallego.

“Ahora que dice que por lo menos nos quiere escuchar, por supuesto defenderemos la constitucionalidad de la ley”, proclamó Rueda en su intervención, en la que manifestó que “bienvenida sea la rectificación” del Gobierno y “bienvenida sea la cordura de lealtad institucional que supone que el señor Iceta nos quiere escuchar”.

Unas horas antes de que hubiera transcendido la apertura de la comisión mixta, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, daba por hecha la suspensión cautelar de varios preceptos de la Lei de Saúde, sobre los que el Gobierno central presentó sus dudas de constitucionalidad y sobre los cuales pidió un informe al Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, antes de llevar la norma ante el Tribunal Constitucional. “Estamos preparados para recibir ya la comunicación del Tribunal Constitucional”, admitió Feijóo, quien se refirió al escenario a partir del 9 de mayo para reprochar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “dimitiese” de sus responsabilidades y avisar de la “doble dificultad” que tendrá Galicia para gestionar la pandemia sin estado de alarma y sin la ley que se ha aprobado y que amparaba las actuaciones. “Nos quedamos sin cobertura legal”, advirtió Feijóo.

La idea inicial del Gobierno, tal y como expresó ante el Consejo de Estado, era recurrir, fundamentalmente, medidas como la obligación de vacunar en caso de considerarse necesario por razones sanitarias o la posibilidad de confinar en los domicilios.

Como el recurso de inconstitucionalidad lo firma el presidente del Gobierno, su presentación lleva aparejada la suspensión cautelar de los artículos cuestionados. Para ello dispone de un plazo inicial de hasta el 26 de mayo, pero se desconoce si puede ampliarse al abrirse la comisión de negociación.