El Congreso aprobó ayer la pionera ley de protección a la infancia frente a la violencia, bautizada como ley Rhodes en referencia al pianista James Rhodes, quien sufrió un calvario de abusos sexuales en su infancia y, junto a organizaciones en defensa de los derechos de los niños, ha batallado sin descanso para que España apruebe una de las normativas más avanzadas del mundo en este ámbito. Varios grupos nacionalistas no votaron sí por motivos competenciales y Vox también se opuso a esta normativa.
La ley establece el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños o adolescentes a la autoridad competente aún cuando no sea constitutiva de delito. Y es que buena parte de las agresiones o bien no son verbalizadas por los menores o bien se intentan resolver en el seno de las familias. Además, se elimina la posibilidad de que se desestime la denuncia de un niño por supuesta falta de madurez.
La norma crea la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y define sus funciones básicas para asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia.
Se establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad cuenten con unidades especializadas y reduzcan la práctica de diligencias innecesarias. Y en el ámbito de la justicia, fija que un futuro proyecto de ley cree juzgados y fiscalías especializadas. Además, se hace obligatoria la práctica de la prueba preconstituida para menores de 14 años, lo que evitará que tengan que declarar una y otra vez.
Los plazos a partir de los cuales prescribirán los delitos de abusos sexuales comenzarán a contar cuando la víctima cumpla 35 años, por lo que en las agresiones más graves tendrán tiempo de denunciar hasta los 50 años. Esta posibilidad supone un gran avance porque en la actualidad los plazos empiezan a correr cuando la víctima cumple 18 años, lo que ha provocado que decenas de procedimientos se archiven porque muchos afectados no son capaces de denunciar hasta pasado mucho tiempo desde que sufrieron la violación.
En la tramitación parlamentaria, se han introducido mejoras en el ámbito de la lucha contra la violencia machista. Por ejemplo, la ley señala que “los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”. La ley crea además nuevos tipos penales para castigar la incitación a través de internet al suicidio, a autolesionarse o a realizar actos sexuales.
