El Gobierno central y la Xunta se sentarán de forma “inminente” en la comisión bilateral para tratar de solventar las diferencias en torno a la reforma de la Lei de Saúde, ante el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez.
Aunque todavía están cerrando fechas, tanto la Vicepresidencia Primera de la Xunta, departamento encargado de las relaciones institucionales, como el Ministerio de Política Territorial, han iniciado los contactos para arrancar las negociaciones, según informó ayer la Administración gallega.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incidió el jueves en que para que las negociaciones vayan más allá de “hablar por hablar” el Ejecutivo central debería “retirar” el recurso. La idea inicial del Gobierno, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos de la nueva normativa de la Xunta: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas (el modus operandi para ejecutar las medidas) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona que puedan realizarse).
