“Los jueces no están para gobernar”

Tolosa, que preside la Sala de lo Contencioso desde hace siete meses, advierte de que desde el domingo se abre “un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo”. ¿Por qué? Porque, como explica este magistrado, la legislación sanitaria de urgencia es “escasa” y “poco concreta”, y los jueces tendrán que tomar decisiones en base a ello, y ya dio pie, cuando no había estado de alarma, a resoluciones dispares entre los distintos tribunales superiores de Justicia, de ahí que ahora el Gobierno quiera que sea el Supremo quien unifique criterios.

Tolosa explica que los gobiernos autonómicos tendrán que justificar muy bien ante los tribunales “el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios” y los jueces deberán ponderar intereses.

También apunta que “habrá una burocratización”, pues las nuevas restricciones, al no haber estado de alarma, tienen que recibir el aval del tribunal superior de cada comunidad, y si no cuentan con él, recurrir al Supremo. En consecuencia, no habrá una aplicación “automática” o con la rapidez que exige una situación de urgencia sanitaria como la actual pandemia del coronavirus.

“Lo deseable”, agrega, sería que la situación jurídica fuera de “certidumbre y de normas claras” para poder afrontar el problema sanitario con “una respuesta unívoca desde el punto de vista judicial”.

“Sigo pensando que hemos contado con tiempo más que suficiente como para habernos dotado de una legislación sanitaria de emergencia que, dentro del respeto de los derechos fundamentales de la Constitución, no hiciera falta acudir a un instrumento tan excepcional como el estado de alarma, que está pensado para una duración temporal que no se prolongue excesivamente, pero que ahora se nos antoja como falta de instrumentos jurídicos”, subraya.

Ignacio Picatoste, magistrado gallego y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, se pronuncia en términos parecidos a Tolosa. Lamenta que a partir del domingo los jueces tengan que avalar o no las restricciones de las comunidades en base a “normas que deberían ser más claras”. Entiende que la legislación actual debería permitir “más flexibilidad, más agilidad y mayor graduación” para gestionar una crisis sanitaria como la actual. “El Gobierno sabrá por qué en todo este tiempo no ha impulsado una norma, tal como se le ha pedido desde diferentes foros”, añade.

Por su parte, desde la Fiscalía se avanzaba ayer que se estudiará caso por caso la aplicación de las restricciones que acuerden los Gobiernos autonómicos tras el fin del estado de alarma, de manera que no establecerá un criterio general del actuación, ya que quiere que esa posición la fije cuanto antes el Tribunal Supremo.

Fuentes fiscales informaban ayer que la Fiscalía General del Estado no impondrá un mismo criterio de actuación en todas las comunidades cuando le toque presentar sus informes ante los decretos con las medidas restrictivas que adopten los gobiernos de cada autonomía.

Se irá caso a caso, sin atender a un criterio general y sí particular de cada comunidad autónoma en función de su situación epidemiológica y la coyuntura del momento, añaden las fuentes.

No obstante, la Fiscalía aspira a que no se llegue a esta situación en que se tenga que pronunciar en diversas ocasiones sobre restricciones iguales en cada autonomía, porque confía en que el Tribunal Supremo despeje el panorama jurídico mucho antes.