Igualdad, Justicia y Vicepresidencia han intensificado las reuniones en torno a la ley trans y del colectivo LGTBI con el propósito de desencallar la normativa antes de la celebración del Día del Orgullo, que este año recuperará la reivindicación presencial con una marcha el 3 de julio en Madrid. Esa es la fecha tope en la que los departamentos ministeriales implicados buscan tener un anteproyecto que presentar en el Consejo de Ministros.
Para facilitar el consenso entre el área socialista y el ala morada del Gobierno, los colectivos trans presentaron ayer una propuesta de acercamiento que consiste en respetar la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar de sexo y nombre en el registro civil con su mera voluntad, si bien, para facilitar la “seguridad jurídica” y garantizar la “estabilidad” en la transexualidad que Vicepresidencia exige, aceptan que el trámite dure tres meses, desde que se presenta la solicitud hasta que se recoge el documento.
‘Sexo registral’
Asimismo, proponen que los menores de entre 12 y 16 años puedan cambiar de sexo acompañados de su familia o tutores pero que los menores de esa edad únicamente puedan cambiar de nombre, como les permite una sentencia del Tribunal Constitucional, y el cambio de sexo registral se deje para más adelante. Si bien, piden que se “respete” su sexo sentido “en todos los entornos de su vida”, como ya reconoce la llamada ley Rhodes.
Esta propuesta fue presentada ayer a Vicepresidencia y Justicia, departamento que ya conoció la iniciativa de los colectivos hace dos semanas, al igual que el Ministerio de Igualdad. Y ambos ministerios la consideraron “viable”, según explicó la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, acompañada de otros activistas.
Desde Igualdad matizan que la propuesta de las entidades es similar a la que el departamento encabezado por Irene Montero presentó a Justicia la semana pasada y que consistía en que se realice “una solicitud a través de una primera comparecencia ante el encargado del Registro, para volver a comparecer tres meses después de agotar el plazo del trámite que indica la ley del Registro Civil”. De esta forma, se evitan “los medios de prueba y testimoniales”, tal como pide la sociedad civil y apoya Igualdad en reconocimiento de la libre autodeterminación de género.
Por su parte, fuentes de Vicepresidencia precisaron que están “estudiando” la iniciativa de las entidades, que a su vez el Ministerio de Justicia ha elaborado un texto que contiene todas las “garantías necesarias” y que aceptan una reunión entre las tres partes del Gobierno y los colectivos en breve para terminar de desencallar la negociación.
Las asociaciones consideran que se ha producido, por tanto, un “avance” que puede desembocar en que la ley llegue al Consejo de Ministros antes del Día del Orgullo Gay. Y es que ambas partes quieren cumplir el acuerdo de Gobierno, que menciona la aprobación de una ley trans, pero obvia si esta reconocería la libre autodeterminación, antes de la efeméride. La presión está sobre todo en el tejado de los socialistas, que siempre han abanderado la defensa de los derechos del colectivo LGTBI pero ahora lo tienen enfrente. De hecho, 76 organizaciones han pedido a los organizadores del Orgullo en Madrid que el PSOE “no sea invitado” por “bloquear” la ley trans.
