El encarcelamiento ayer de Juana Rivas en un centro de inserción social de Granada para cumplir dos años y medio de prisión pone fin a un largo recorrido judicial desde que, en verano de 2017, se negara a entregar a sus hijos a su expareja.
Esta vecina de Maracena (Granada), que justo antes de ingresar manifestó que en quien repercute especialmente esta condena es en sus hijos, estuvo un mes con ellos en paradero desconocido con el argumento de protegerlos frente a su expareja y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, quien en el 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en el 2016.
Esos hechos, enjuiciados por el Juzgado de lo Penal 1 y sobre los que luego se han pronunciado tanto la Audiencia de Granada como el Tribunal Supremo, han conllevado una condena firme por parte de este último órgano por un delito de sustracción de menores, además de la pérdida de la patria potestad.
La decisión de no entregarlos a su padre, con quien compartía entonces la custodia de los menores, se tradujo inicialmente en una condena a cinco años de cárcel por sustracción de menores, una sentencia que obtuvo una fuerte contestación social desde el movimiento feminista y que, tras su confirmación por parte de la Audiencia de Granada, el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio.
“Estos son momentos muy difíciles. Voy a ingresar en prisión. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente esta condena es para mis hijos. Voy a cumplir con una decisión que considero muy injusta, pero que no voy a desobedecer”, indicó Rivas en un comunicado remitido por su abogado.
La granadina sigue sosteniendo que no tuvo más remedio que entregar a sus hijos a Arcuri porque la justicia así se lo exigió y confía en que el Gobierno central le conceda el indulto.
