El Ministerio Fiscal interpuso 27 denuncias durante el pasado año vinculadas a la gestión de las residencias de mayores. Incoó 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. Se incoaron también 441 diligencias de investigación; 221 seguían abiertas al cierre de 2020. En total, 1.226 diligencias, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentada ayer por la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de la apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo con la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

El Ministerio Público precisa que Delgado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, “fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores”. Según consta en la memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó a todos los fiscales superiores de que debían remitir “de forma periódica y centralizada” toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.

Posteriormente se emitieron dos decretos: uno de 23 de marzo, por el que se incoaron diligencias de investigación “a fin de determinar la relevancia de los hechos, comisionando al Fiscal de Sala para recabar la información precisa”; y uno de 31 de marzo, por el que se constató la incoación de diligencias de investigación en diversas fiscalías provinciales y se archivaron las abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, “manteniéndose con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación de la dación de cuenta”.

Según la Fiscalía General del Estado, durante 2020 los fiscales de Sala asumieron, a través de la emisión de oficios, informes y notas internas, la función de “colaborar en la unificación de criterios mediante las redes de fiscales delegados de las fiscalías provinciales”.

La memoria presentada subraya que la actividad del departamento durante la pandemia ha sido “muy intensa” y ha intentado “garantizar la continuidad en la prestación de servicio público de la Justicia”, y la “salud y seguridad de los miembros del Ministerio Fiscal”.