Italia se ha convertido en el primer país europeo en exigir el pasaporte sanitario COVID a los trabajadores públicos y privados, una medida de carácter general que abre una brecha en el continente europeo, donde las exigencias de ese documento son más escasas y se centran en empleados de sectores muy concretos o de ciertos usuarios como quienes quieran entrar en un local de hostelería u ocio nocturno.
La decisión del Gobierno italiano afecta a 23 millones de trabajadores públicos y privados entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, y establece que sin el pasaporte sanitario no se podrá acceder a ningún lugar de trabajo, aunque existen dudas sobre cómo se aplicará en las grandes empresas y la reacción de los trabajadores, porque hay millones de personas mayores de 30 años que aún no han sido vacunadas.
Un reciente sondeo apunta que cerca del 75 % de los italianos —casi tres cuartas partes de la población por encima de los 12 años ya ha sido vacunada— está de acuerdo con la obligación del certificado sanitario contra el coronavirus. Con la medida aprobada el pasado jueves en el Consejo de ministros, el presidente del Gobierno, Mario Draghi, consigue evitar imponer la vacunación obligatoria, con la que él estaba de acuerdo, pero que habría acarreado problemas constitucionales y creado una ruptura con sus socios de la Liga.Por el momento, Italia es el único país europeo donde se exigirá el pasaporte a cualquier trabajador.
