La ministra de Igualdad, Irene Montero, reafirmó ayer que en diciembre estará listo el borrador de reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo que limitará la objeción de conciencia de los médicos, pese a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, indicó que el departamento que dirige “no tiene ninguna intención” de modificar la regulación del derecho a la objeción del personal sanitario para no practicar abortos. Montero sigue adelante con su plan de regular las objeciones porque entiende que ese derecho de los sanitarios “no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”.
La objeción está permitida en la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción de voluntaria del embarazo, que fue aprobada en marzo de 2010, y la titular de Igualdad explicó en una entrevista en la Ser que ese derecho de los médicos “en la práctica se está usando para impedir el derecho efectivo al aborto en los centros públicos”.
Montero no solo se enfrenta a Darias, quien el pasado miércoles manifestó que no tiene “ninguna intención” de que se reforme la objeción de conciencia, sino también al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que el 11 de julio ya expuso que dificultar la objeción es “inaceptable, ilegal e injusto”.
La dirigente de Podemos entiende, no obstante, que se está haciendo un “mal uso” de ese derecho de los médicos y que una muestra es la denuncia pública hecha por una geriatra del hospital madrileño Clínico San Carlos, quien aseguró que no le fue practicada una interrupción en la semana 17 de embarazo en dicho centro pese a que el feto era prácticamente inviable y que la vida de ella corría riesgo.
Ese caso ha reavivado esta semana el debate sobre la conveniencia de la reforma iniciado en julio y se reflejó también en la última Asamblea de Madrid, a cuya sesión plenaria acudieron portando pañuelos verdes los diputados de Unidas Podemos en señal de protesta.
La presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, respaldó la actuación del Clínico San Carlos y aseguró que está en contra de “obligar” a un médico a actuar contra su derecho a objetar, porque, dijo, “salvan vidas y no lo contrario”.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que en todos los hospitales de Galicia se está cumpliendo la ley del aborto vigente en España. “En cualquier hospital del Sergas, cualquier médico que no sea objetor de conciencia está realizando abortos con normalidad”, señaló.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el máximo mandatario autonómico recordó que una de las cuestiones que concreta esta norma es el derecho a la objeción de conciencia por parte de los ginecólogos a las prácticas abortivas. “Por tanto, a todos aquellos ginecólogos que acreditan conforme a la ley su objeción de conciencia, nadie le puede obligar a hacer una práctica abortiva en ningún lugar de España”, manifestó Feijóo, que incidió en que, el resto, “realiza los abortos de acuerdo con la ley”.
“La ley aquí se está cumpliendo. Si tenemos muchos objetores en un hospital seguro que tenemos menos práctica abortiva, pero ningún responsable sanitario puede obligar a un ginecólogo a practicar un aborto. Eso es ilegal”, sentenció el presidente gallego.
En su intervención detalló también que Galicia cuenta en el área sanitaria de Vigo con un centro específico para interrupciones del embarazo de alto riesgo, superiores a 14 semanas. “Eso está consensuado y ahí van todas las mujeres que estén en esos supuestos”, indicó.
Por su parte, el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, pidió buscar un “punto de equilibrio” entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y propone que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores.
“Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional”, afirmó De Montalvo.
