El equipo legal del excardenal Angelo Becciu pidió ayer la nulidad total de su imputación por ciertas inconsistencias en las garantías de su defensa en el proceso que juzga en el Vaticano la inversión irregular de 400 millones de dólares en un edificio en Londres. En concreto, las principales objeciones de los abogados del exalto cargo de la Santa Sede tienen que ver con el registro en vídeo del interrogatorio de monseñor Alberto Perlasca, principal informante en este caso, que reconstruyó ante los fiscales la trama para ayudar a la investigación.

Perlasca —exjefe de la sección administrativa de la Secretaría de Estado entre 2009 y 2019— testificó ante la fiscalía del Vaticano en cinco ocasiones, las dos primeras como imputado en el caso y las tres últimas, en cambio, como testigo. Sin embargo, este vídeo, que dura varias horas y constituye la prueba fundamental sobre la que se cimentan las acusaciones, no ha sido incluido en el sumario del caso y los abogados no han podido verlo. En cambio, se les ha entregado una copia de la trascripción del vídeo, pero señalan que está incompleta.

Por ello, consideran que se han violentado las garantías de la defensa de su cliente. A esta objeción, se han sumado además todos los abogados de las otras nueve personas, acusadas de malversación y fraude, en el uso de los fondos reservados de la Secretaría de Estado y especialmente en la compra opaca por 400 millones de dólares de un inmueble de lujo en la capital del Reino Unido.

Por su parte, la Fiscalía defendió que su pretensión es tutelar la privacidad del contenido del registro y que no sea filtrada a los medios de comunicación. También alegó la dificultad de conseguir copias del todo el material informático.

Además, los abogados han identificado otra falla en el proceso de instrucción ya que los acusados no han sido interrogados por la Fiscalía, que, de momento, cuenta solo con la versión del principal testigo.

La segunda vista oral de este juicio que comenzó el pasado mes de julio duró dos hora y diez minutos y se dedicó específicamente a cuestiones preliminares y técnicas. De los diez acusados, solo dos de ellos estaban presentes en la sala judicial: el excardenal y el que fuera su secretario, Mauro Carlino.

El magistrado que preside el tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone, se pronunciará hoy sobre las cuestiones preliminares y las instancias que han presentado los abogados en bloque, lo que podría dar un giro total al proceso.

Para satisfacer las demandas de los abogados y algunas “deficiencias” que él mismo admitió, el fiscal adjunto, Alessandro Diddi, planteó que se comience el proceso judicial de nuevo en su fase instructora para interrogar además a algunos de los acusados que nunca fueron escuchados en su momento, lo que los abogados de los diez imputados han considerado “inaceptable”.

El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de un total de 175 millones de euros.

La compra del edificio se inició, a través de una red de financieros y consultores, en el momento en que Becciu era, en el año 2014, Sustituto de la Secretaria de Estado para los Asuntos Generales, prácticamente lo que sería el hombre de confianza del Pontífice en la gestión administrativa del Vaticano.