La jueza del penal número dos de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés Palacios, ha remitido una exposición razonada al Gobierno de Pedro Sánchez para que estudie incluir en el Código penal la violencia económica como una modalidad de la de género o machista, así como que la posibilidad de establecer cláusulas de responsabilidad civil que “permitan una reparación integral del daño causado a las víctimas” cuando se produce impago de pensiones alimenticias de manera reiterada.

Esta exposición razonada nace de un caso de impago de pensión de alimentos en un proceso de divorcio y en el que la magistrada condena a una persona a 11 meses de prisión por un delito de abandono de familia (en su modalidad de impago de pensiones), además del pago de una indemnización de 7.375 euros, correspondientes a los períodos de pensiones impagadas entre septiembre de 2014 y julio de 2019. En su sentencia, la togada expone que “los hechos enjuiciados tienen además un contexto específico de violencia de género que no puede pasarnos desapercibido a la hora de realizar una valoración de la prueba”.

Situación “asimétrica”

Se trata de un asunto donde el demandado ha sido condenado hasta dos veces por delitos relacionados con el procedimiento de violencia sobre la mujer. La magistrada describe que a pesar “este contexto de violencia” y al existir dos menores, se tramitó el proceso de familia con la “pátina” de un divorcio de común acuerdo, que supone un “acuerdo de voluntades de ambas partes”. Sin embargo, precisa, que “el rastro de violencia de género” determina una situación “asimétrica” entre las partes que “cuestiona la verdadera posibilidad negociadora” que pudo tener la mujer a la hora de acordar con su expareja un convenio regulador, que “invisibilizó” un contexto “por la sola razón de tramitarse como un divorcio de mutuo acuerdo”.

Por este motivo, la jueza plantea en la sentencia una exposición razonada al Gobierno. Así analiza lo que, a su juicio, significa violencia económica y en qué situaciones y contextos se puede producir. “Consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y/o de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer”.

“Círculo de abuso”

La resolución sostiene que la violencia económica se lleva a cabo controlando el acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo su capacidad para mantenerse a sí mismas, a sus hijos y sus hábitos de vida previos, dependiendo financieramente del marido o expareja y “socavando sus posibilidades de escapar del círculo de abuso”. A su entender, afecta “tanto a las mujeres como a sus hijos” y da al padre “este un instrumento de poder que los deja a merced de sus decisiones”. Incide que este tipo de violencia tiene consecuencias “más graves de lo que pudiera parecer a simple vista”, teniendo un “fuerte impacto sobre la salud mental y el bienestar psicológico de las mujeres”, especialmente cuando son víctimas de otras formas de violencia de género, y “puede condicionar el bienestar y desarrollo emocional educativo” de los hijos.