Baile de cifras sobre el aborto

La actual ley del aborto permite que cualquier mujer mayor de edad aborte por decisión propia durante las primeras 14 semanas de gestación. Entre la 14 y la 22 puede hacerse por causas médicas (patología fetal o si está en riesgo la salud de la madre) y a partir de la 23 solo si el feto es incompatible con la vida o padece una grave enfermedad incurable y siempre que lo avale un comité clínico. Para todos estos casos, el Sergas cuenta con un protocolo establecido en el que se busca, según indican en el documento, “garantizar que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo puedan hacerlo en Galicia” y que lo hagan con la asistencia del personal de obstetricia necesario y acompañamiento de “psicología o trabajo social si fuera necesario”.

El protocolo de la Xunta establece que a cualquier embarazada de menos de 14 semanas que acuda a su ambulatorio, al COF o a Urgencias y comunique su deseo de abortar se le informará adecuadamente de la normativa vigente y se le citará a los tres días. Si mantiene su idea se le dará a escoger entre hacerlo en la sanidad pública o una clínica autorizada —con las que tiene conciertos el Sergas— y se le citará para el proceso. Entre las semanas 14 y 22 y tras las pruebas pertinentes que acreditan que puede solicitarse la interrupción de la gestación, si la mujer toma la decisión “se procederá a un ingreso programado en Ginecología, lejos del área de paritorio y siempre que haya disponibilidad estará en una habitación individual junto a un acompañante”, dice el Sergas que en su protocolo también concreta que el personal deberá informar a la mujer sobre todo el proceso que se va a realizar. Pasadas las 23 semanas es un comité clínico el que debe dar el visto bueno y estas pacientes se derivan a los dos centros de referencia de la comunidad: en Vigo y Ourense.

Tras la polémica suscitada hace unas semanas —cuando una sanitaria del hospital San Carlos de Madrid denunció que no se le pudo practicar allí un aborto porque todos los médicos eran objetores de conciencia y fue derivada a una clínica privada y medios como El País se hicieron eco de situaciones similares en otras comunidades—, la Xunta asegura que en Galicia se practican abortos “en todos los hospitales públicos” y es más, afirman que la mayoría de las intervenciones —seis de cada diez— se realizan en centros del Sergas, algo que aseguran también en el área sanitaria coruñesa. Aunque sin concretar cifras exactas, Belén López Viñas sostiene que de los 631 abortos realizados el pasado año en esta demarcación, “solo un pequeño grupo se hizo en centros concertados, pero igual que se derivan otras asistencias como puede ser operar una vesícula”. Para la jefa de Ginecología del Materno que este hospital no aparezca en el listado del Ministerio de Sanidad “no tiene ni pies ni cabeza”. “A partir de la semana 23 van a los centros de referencia, pero antes cada área asume los suyos y nosotros, ya sea en la unidad asistencial del COF o en el Materno se realizan abortos y también antes de la semana 14 ya que aunque ahí las mujeres puede elegir si ir a una clínica, cuando hay alguna patología como insuficiencia renal, asma o una cardiopatía tienen que realizar la interrupción aquí en el hospital por una cuestión de seguridad”, asegura López Viñas que reconoce que la atención a las mujeres que quieren abortar ha mejorado en los últimos años. “Antes era diferente pero hace años que hay el compromiso de asumir estos casos en la sanidad pública”, sostiene para dejar claro que hace mucho tiempo que las embarazadas que quieren abortar ya no son derivadas a Madrid (algo que en 2016 provocó incluso que El Defensor del Paciente llevase el caso ante la Fiscalía que finalmente lo archivó). Entonces, se denunciaba el hecho de tener que salir de la comunidad si querían realizar el proceso con la garantía de contar con la asistencia de una matrona y un médico. Desde CIG-Saúde reconocían esta misma semana que la situación se solucionó en su momento y no le constan “incidencias” por el modo de realizar los abortos en el Materno. “No se realizan derivaciones a otras comunidades. El año pasado tuvimos un caso pero lo solicitó ella misma por una cuestión de anonimato”, concluye esta ginecóloga del área coruñesa.

Los datos del Ministerio —que publicó hace solo unas semanas— incluyen solo doce centros gallegos en los que se practicaron abortos el pasado año. Y aunque nueve de ellos son públicos (los hospitales de Verín y Santiago o los COF de Lugo, Carballiño y Vigo) llama la atención que no aparezca el Materno —ya que las dos clínicas que aparecen en la ciudad solo están autorizadas para realizar abortos hasta la semana 14— ni los dos hospitales a los que se derivan a todas las gallegas que tienen que abortar pasada la semana 23. Tampoco coincide la cifra total: 2.490,según el Ministerio, 3.365, según el Sergas.

¿A qué puede deberse este baile de cifras? El Ministerio asegura que realiza el informe anual con los datos que las propias comunidades le notifican a través de una aplicación online ya diseñada para ello. Desde el Materno sostienen que semestralmente trasladan al Sergas el número de abortos realizados y en la Consellería de Sanidade solo alegan que “el Ministerio de Sanidad no tiene los datos actualizados” para justificar el desfase de cifras, pero no explican si se debe a un fallo a la hora de comunicarlos desde la Xunta u a otra causa.

Más allá de que en el cómputo del Ministerio falten más de 800 embarazos que sí se practicaron en 2020 según la Xunta, el departamento de Carolina Arias hace una completa radiografía de los 2.490 —1.094 en la provincia de A Coruña— que sí se la notificaron. El Ministerio sostiene que nueve de cada diez abortos se llevaron a cabo en centros extrahospitalarios —quizás porque el 75% tuvieron lugar antes de la octava semana de gestación, lo que permite realizarlo sin necesidad de ingreso— y que solo el 22,6% fue en un centro público. Eso sí, mientras ocho de cada diez mujeres que abortaron sin necesidad de ingreso lo hicieron un centro privado, el porcentaje se invierte cuando se practica en el hospital: el 71% de las gallegas se sometió a la intervención en la pública.

El análisis de Sanidad refleja que los embarazos no deseados no son cosa de adolescentes. Más de la mitad de las gallegas que abortaron el pasado año (el 52%) superaba los 30 años e incluso hubo más de 250 casos en quienes ya habían cumplido 40. En el lado opuesto, 204 abortos en menores de 19 años (el 8% del total), entre ellas una niña de 12 años, tres de 14 o más de cuarenta en adolescentes de entre 15 y 16 años.

En la gran mayoría (el 96%, con 2.398 casos), el embarazo se interrumpió a petición propia de la embarazada mientras que en 59 casos fue porque había grave riesgo para la vida de la mujer y en 32 por anomalías en el feto. La mitad de quienes abortaron ya tenían algún hijo, un tercio ya había interrumpido en otra ocasión un embarazo (un 9,9% ya contaba con más de dos abortos previos) y un 42,3% de quienes no siguieron adelante con la gestación reconocen que no utilizan métodos anticonceptivos.

Desde el Gobierno aseguran que su estadística de 2020 pone de manifiesto la dificultad que tienen las mujeres para poder abortar en la sanidad pública y las grandes diferencias por comunidades. La nueva ley busca que se pueda abortar en un centro público y cercano.