El Ministerio de Igualdad asegura que hay “obstáculos” que dificultan “el ejercicio efectivo y pleno” en el sistema nacional de salud del derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Por ello, el departamento que dirige Irene Montero trabaja desde junio en la reforma de la actual ley del aborto con la que busca que cualquier mujer pueda acceder fácilmente a este servicio sanitario en un centro público cercano y así evitar grandes desplazamientos. Y uno de los escollos que, aseguran, hay que sortear para lograrlo es la objeción de conciencia de los médicos. Plantean crear un registro en donde figuren todos aquellos facultativos que no quieren realizar estas intervenciones, algo que rechazan los Colegios de Médicos y que incluso ha contado con la oposición de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El proyecto normativo salió a consulta pública el pasado 28 de septiembre —tal y como obliga la ley de procedimiento administrativo— y fue durante la presentación del texto cuando la directora del Instituto de la Mujer, Antonia Morillas, reconocía que uno de los problemas que obligaba a derivar muchos abortos a clínicas concertadas era una “mala práctica” de la objeción de conciencia de los sanitarios, un derecho que tienen por ley. Aseguraba que hay hospitales donde la objeción es generalizada y esto obliga a derivar a las mujeres a clínicas privadas —aunque sin coste para la paciente porque lo asume la sanidad pública—, a veces, situados a cientos de kilómetros de sus domicilios y donde pueden encontrarse con protestas de los contrarios al aborto en las puertas, lo que, aseguraba Morillas, “estigmatiza” este derecho.

La solución que propone Igualdad es crear un registro en el que figuren todos los objetores de conciencia para evitar que todos los sanitarios de un mismo centro puedan figurar como objetores o en caso de que así sea garantizar que por ley hay que dar aún así esta prestación sanitaria. “El derecho de los sanitarios no puede estar por encima de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, señalaba hace unos día la ministra Irene Montero.

Su compañera de Gobierno al frente del Ministerio de Sanidad, Carolina Darias, no está a favor de esta medida y aseguraba poco después que su departamento “no tiene ninguna intención” de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. También el Consejo General de Colegios Oficial de Médicos ya aseguraba en julio que estaban en contra de crear un registro de estas características al considerar que dificultar la objeción es algo “inaceptable, ilegal e injusto”.

Desde el Comité de Bioética apuestan por buscar un equilibrio entre el derecho de los sanitarios y de las mujeres. Su presidente, Federico de Montalvo, propone, por ejemplo, crear un registro pero en positivo, es decir, en el que se incluyan aquellos profesionales que no son objetores de conciencia. “Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico no me parece mal, pero si lo que ese pretende es limitar la objeción de conciencia de los sanitarios es algo claramente inconstitucional”, sostiene.

Más allá de darle una vuelta a la objeción de conciencia, Igualdad quiere acabar con el acoso que, asegura que reciben tanto mujeres como profesionales a las puertas de las clínicas abortivas por parte de contrarios a esta práctica. Prevén modificar el Código Penal para incluir penas de prisión o trabajo en beneficio de la comunidad para quienes coarten la libertad a la maternidad libremente decidida.

Además la futura ley derogará el artículo que obliga a las mujeres de 16 y 17 años a contar con permiso de los padres para poder abortar, se eliminará el periodo de tres días de reflexión antes del proceso, se mejorará la formación de los sanitarios sobre este servicio y se fomentará que las mujeres reciban toda la información detallada sobre las técnicas existentes para abortar y el protocolo o circuito que hay en cada comunidad para llevar a cabo la interrupción del embarazo.