El ministro Manuel Castells se comprometió con la comunidad universitaria —rectores, estudiantes y sindicatos— a hacer cambios en su proyecto de Ley de universidades (LOSU), que levantó ampollas recientemente entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y a la vista de la falta de consenso en torno al gobierno de los campus públicos. Su principal ‘patinazo’ fue, precisamente, la fórmula de elección de los rectores. Pues bien, esta semana el ministro dio marcha atrás en la propuesta y “elimina cualquier otra opción de elección del rector” que no sea “el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria”. Los sindicatos consideraban que la idea del comité para seleccionar al rector iba en contra de la democracia interna.

Los rectores de las universidades de A Coruña y Santiago, Julio Abalde y Antonio López, expresaron los mayores escollos que perciben. Ambos coinciden en la necesidad de utilizar el diálogo y el debate “para enriquecer el texto” y en la necesidad de definir un modelo de universidad competitivo. El rector de Vigo, Manuel Reigosa, declinó hacer declaraciones.

Abalde solicita que el anteproyecto de Castells entre a definir las distintas categorías laborales de profesorado que se poden establecer, para que exista una uniformidad en todo el sistema universitario español, como ya ocurre con los grados y másteres. “En la ley se dibuja una estructura de financiación bastante parecida a la que ahora tenemos en Galicia y que creo que es una buena estructura, pero en lo que respecta a las cifras, son responsabilidad exclusiva de las comunidades”, matiza el rector coruñés en ese punto. Asimismo, se prevé que cada universidad decida que tamaño tendrán los Consejos de Gobierno, que son el máximo órgano de gobierno de la universidad y que representan a toda la comunidad universitaria. Lo mismo ocurre con el número de integrantes del claustro, aunque parece existir unanimidad en el compromiso de mermar su número.

Por su parte, López expresó que resulta conveniente actualizar el marco normativo que regula las universidades en el Estado para atender con mayores garantías los desafíos —presentes y en el futuro más inmediato— después de 20 años en vigor la anterior norma. “Como principios esenciales de la próxima LOSU, no cabe duda que esta debe reafirmar su compromiso con la autonomía universitaria y con su suficiencia financiera, sin olvidar que somos conscientes del papel capital que las comunidades autónomas tienen en esta materia”, indicó.

“Se debe asumir —continuó el rector santiagués— que la financiación en educación es una inversión, no un gasto, por su incidencia en la formación de profesionales pero también por su repercusión económica en cuanto a la transferencia generada a partir del conocimiento”, reflexionó. “Estamos dejando constancia de que la labor del laboratorio y del personal investigador tiene un rendimiento directo en la creación de puestos de trabajo o en la generación de valor industrial”, alegó.