La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Alzira (Valencia), que investiga el caso conocido como crimen de Alcàsser, ordenó el análisis de pelos y otras evidencias del caso a petición de una de las acusaciones populares recientemente personadas en la causa por el secuestro y asesinato de tres niñas en noviembre de 1992.

Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, se ordena la remisión de esas evidencias al Instituto Nacional de Toxicología para que se busquen restos de ADN.

Asimismo, se ordenó a la Guardia Civil una nueva inspección ocular de los vehículos de Miguel Ricart, condenado por estos hechos, y Antonio Anglés, también implicado y desaparecido desde entonces, por parte del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil.

La juez toma esta decisión después de que la asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen y la prevención, que ejerce la acusación popular en el caso, hubiera pedido al juzgado de instrucción nº 6 de Alzira que realice, con los avances científicos actuales, todas las “pruebas relacionadas con pelos (cabellos y vellos) que no se practicaron en el pasado por no considerarse de importancia, o que se practicaron con la limitaciones tecnológicas de la época y que podrían corroborar ahora la participación de Anglés en el crimen”.

Entre ellas, pedían que el Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela lleve a cabo un estudio genético de 11 pelos hallados en los cadáveres de dos de las niñas y en el jersey de la tercera víctima, que “no fueron analizados genéticamente en su momento” y de los que “se debe intentar extraer ADN y comparar el posible resultado con el ADN de las tres víctimas y también con el de Anglés”. Su petición se basa en un informe pericial realizado por el criminólogo Félix Ríos, presidente de Laxshmi y coordinador del Proyecto Prometeo para la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver.

El secuestro y asesinato en noviembre de 1992 de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcàsser (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.