El Gobierno ha iniciado el trámite para devolver a las personas que pagaron las multas impuestas durante el primer estado de alarma de la pandemia de COVID-19 su dinero y lo hará de oficio, por lo que los ciudadanos no tendrán que hacer ningún trámite, solo comunicar su número de cuenta cuando se lo requieran.

El primer estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19, decretado el 14 de marzo de 2020, dejó en Galicia un total de 36.644 multas, según los datos aportados en su día por el Gobierno central, en su respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Compromís.

De estas sanciones, un total de 12.139 corresponden a la provincia de Pontevedra, 11.213 a la de A Coruña 7.206 a la de Lugo y 6.086 a la de Ourense. Desde el 14 de marzo al 21 de junio, en toda España se impusieron un total de 1.142.127 multas.

Expedientes sancionadores

Los expedientes sancionadores resueltos de forma ordinaria en la comunidad gallega hasta el mes de mayo de este año supondrían un montante de 6,30 millones de euros, de los 115 millones que suman en todo el Estado, excepto en Cataluña y País Vasco que tienen transferidas las competencias. De hecho, el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció a principios de este mes que se procedería a la devolución.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el primer estado de alarma —y tiene que decir sobre el segundo—, el Ejecutivo central ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también otros organismos, como la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.

Mecanismo de devolución

Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno procederá a la devolución de oficio de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción. En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas, a excepción de en las mencionadas Cataluña y País Vasco.