La madre gallega a la que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella acordó dar la custodia al padre teniendo en cuenta aspectos como el hecho de que la mujer viva en la “Galicia profunda” —al trasladarse a residir con su hijo de 13 meses a la parroquia de Torea (Muros) de 319 habitantes— ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También solicitará su recusación y pedirá la nulidad de las actuaciones. “Buscamos un juez imparcial”, aseguró ayer la abogada de esta madre, Claudia Traba, quien califica de “discriminatorio” el contenido del fallo, pero también critica los “descalificativos” que, dice, se recogen hacía su clienta.

En el auto, la jueza sostiene que la mujer trasladó al hijo de ambos desde Marbella a una parroquia de Muros de forma “unilateral”. Alega también que el padre, de origen canario, puede darle “una mayor estabilidad a todos los niveles” y que Marbella es una ciudad “cosmopolita” que ofrece “múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz. Lo que no sucede con la pequeñísima población en la Galicia profunda, a la que se ha trasladado la madre”. Asimismo, afirma que en este lugar de residencia la mujer no tiene “opciones laborales”, aunque cuestiona su interés por buscar un empleo, al tiempo que la define como “caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa” frente a un padre del que destaca su trabajo “bien remunerado” y al que califica de “persona madura” y padre “entregado”.

Según consta en el auto, en verano de 2021 empezaron las desavenencias entre la pareja que llevaba cuatro años de relación, “así como las amenazas” de ella “de marcharse con el hijo pequeño de ambos a Galicia, lo que se desprende claramente de los mensajes de WhatsApp aportados por ambas partes” y en los que la magistrada destaca frases como “voy a hacer lo posible (con mi hijo) para alejarlo lo máximo de ti”, “se viene conmigo” o “la decisión está tomada”. Sin embargo, la letrada de la madre denuncia que hay pruebas aportadas por esta parte que no se han practicado o que no se han tenido en cuenta. “La jueza omite todos los whatsApps íntegros”, asegura la abogada que explica que la madre decidió trasladarse a Galicia porque en Marbella no tenía trabajo y porque no tenía ningún tipo de ingreso. Además, indice en que la mujer permitió las comunicaciones con el padre y puso a disposición de él una vivienda para que pudiera ver al hijo en fin de semana.

Por todo ello, además de la queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), avanza que solicitarán la nulidad de las actuaciones por “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”. También solicitarán la recusación de la jueza para tener un magistrado “imparcial”.

La abogada del padre, Lola Casares, sin embargo, asegura que “en todo el proceso se ha priorizado el interés superior del menor conforme a la normativa aplicable en el caso de traslados de menores”. “El motivo de la retirada de custodia es porque se produce la sustracción de un menor de 13 meses” y asegura que la polémica sobre la alusión a la Galicia profunda “no tiene ninguna influencia en el caso”.

Sin embargo, las alusiones de la jueza sobre el lugar de residencia de la madre en Galicia y las comparaciones que hace entre el lugar donde vive la madre y el padre ha suscitado críticas desde distintos sectores. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, critica los “prejuicios” detrás de estos comentarios y ha pedido a la Xunta que intervenga. “Como millones de gallegas y gallegos, los mejores valores y principios los adquirí aquí, en esa Galicia profunda que alguno denosta desde los prejuicios, la soberbia y el desconocimiento”, afirma por su parte el secretario provincial de los socialistas coruñeses, Valentín González Formoso. “Es inadmisible que una sentencia recoja un término tan lleno de prejuicios y connotaciones negativas”, asevera, a su vez, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

En otro comunicado, suscrito por la Asociación Galega contra o Maltrato de Menores, el Sindicato Labrego Galego, y el Colegio de Educadores Sociales, además de colectivos feministas y otras organizaciones, piden a los organismos públicos gallegos declaraciones institucionales y actuaciones para que se depuren “responsabilidades”. “Asentar judicialmente que los niños de zonas rurales gallegas no tienen garantizadas necesidades básicas, significa crear una situación de vulnerabilidad”, denuncian.