El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) alerta en una sentencia de la “situación injusta” que sufren las personas enfermas de lupus por no estar reconocida como dolencia causante de discapacidad. Los magistrados subrayan que ese desconocimiento de las consecuencias del lupus “se torna si cabe más injusto si consideramos que es una enfermedad fuertemente feminizada”, es decir, que la sufren mayoritariamente mujeres. Por ello, el alto tribunal ha estimado el recurso presentado por una enferma y ha acordado aumentar su grado de discapacidad del 24% —reconocido por la Xunta— al 50%.

Para decretar ese incremento, la sala de lo Social ha tenido en cuenta una valoración de la sintomatología causada por la enfermedad en los distintos sistemas corporales afectados —osteoarticular, genitourinario, dermatológico y circulatorio—, “no solo en el inmunológico, que era el único que había sido valorado por la Xunta, de acuerdo al criterio del Equipo de Valoración y Orientación”.En su resolución, el tribunal esgrime que el equipo soluciona “la laguna reglamentaria” existente dándole una puntuación a la paciente en el sistema más afectado, que en este caso es el inmunológico. Sin embargo, indica que “no ha valorado la afectación de los demás sistemas afectados”, por lo que estima el recurso interpuesto por una mujer contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Social número 1 de Ourense, que avaló el criterio de la Xunta.

Los magistrados destacan que el hecho de que el lupus eritomatoso sistémico no esté incluido como enfermedad causante de discapacidad en el real decreto que regula el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, supone “desconocer la realidad de una enfermedad que, cuando alcanza determinada gravedad, incide profundamente en la capacidad de las personas”. Además, el TSXG expone que al ser una enfermedad feminizada se produciría“una vulneración del artículo 14 de la Constitución, al encontrarnos ante una situación de discriminación indirecta en el sentido expresado en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”. Por ello, entiende que esa “situación injusta para las personas con discapacidad y discriminatoria sexista” debería ser “corregida con una intervención normativa que, atendiendo a las especificaciones propias de la enfermedad, permitiera la mayor precisión en la cuantificación del porcentaje de discapacidad”. Mientras indica que es responsabilidad de la justicia evitar esta discriminación.