Dicen que cada año de la vida de un perro equivale a siete de una persona. Si es así, el borrador del Anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los animales establece a los 49 años en términos humanos (siete en los caninos) la edad a partir de la cual los perros vinculados a las actividades profesionales podrán jubilarse, umbral bastante más generoso que el contemplado actualmente en nuestro país por la Seguridad Social para los trabajadores que caminan solo sobre dos de sus extremidades. Por no hablar de los negros augurios que de tanto en cuanto pone encima de la mesa el ministro del ramo. Eso sí, en lugar de depender de los años cotizados, estos animales requerirán para su retiro de lo que diga un veterinario "teniendo en cuenta las capacidades físicas y psicológicas del perro". Si en ese momento recibe el ‘ok’ para seguir en el tajo, a partir de entonces, "para que pueda mantener la actividad", será necesario un informe anual "de aptitud y bienestar" que tendrán que expedir estos mismos profesionales, según recoge el texto provisional de la normativa que elabora la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El articulado relativo al ‘Uso de perros en actividades profesionales’ dispone que en ningún caso los canes podrán realizar tareas de este tipo "hasta haber cumplido los dieciocho meses de edad, sin perjuicio de iniciar el entrenamiento antes de alcanzar dicha edad, siguiendo las normas reglamentarias según la actividad".

Y una vez que se acceda a la jubilación, cuando el titular del animal sea "una persona jurídica o entidad pública", si no son adoptados por su guía o responsable habitual, que tendrá preferencia para hacerlo, "deberán ser puestos en adopción a través de acuerdos" con entidades o centros públicos de protección animal. Hasta que se materialice la adopción, todos los gastos y trámites derivados del cuidado veterinario y bienestar del animal "serán responsabilidad del que haya sido titular del perro durante su periodo de actividad". El incumplimiento de estos puntos de la norma acarreará sanciones de entre 600 y 30.000 euros.

"Invitamos a quien ha redactado esta ley a que venga al campo y vea que hay perros con doce y trece años que, sin echar a correr siquiera, son capaces de recoger hatajos de ovejas. Que dejen de legislar sin contar con la realidad", señala Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, que no acaba de tomarse muy en serio la propuesta. "Los perros ¿van a tener que cotizar por la rama de autónomos o por la de cuenta ajena?, porque habrá que darles una pensión cuando se jubilen, ¿no? España se ha convertido en un país de locos", ironiza. "Creo que al que hay que someter a un examen psiquiátrico cada siete años es al legislador al que se le ha ocurrido esta auténtica tontería", apostilla.

De forma general, para cualquier animal vinculado a actividades profesionales, el anteproyecto determina que "se establecerán los horarios, lugares y medios de descanso» en función de la actividad y especie, "debiendo ser estrictamente respetados en el manejo y cuidado del animal en todo momento".

"Al que hay que someter a un examen psiquiátrico cada 7 años es al que se le ha ocurrido esta tontería"

Perros aparte, el borrador solo hace una precisión más dentro de los animales relacionados con el desempeño laboral, la de los equinos. En este caso, la ‘vida laboral’ no podrá comenzar hasta los cuatro años y podrá prolongarse a lo sumo a los 23. De nuevo, para caballos, burros o mulas se encomienda a los veterinarios fijar la "jubilación" mediante informes anuales desde los quince años que pasarán a ser semestrales desde los 18. El uso de estos animales en faenas agrarias es ya muy limitado "salvo en alguna zona que pueda ser de difícil acceso para un tractor, y ya gente de mucha edad", explica García Blanco, que vuelve a recurrir a la sorna: "Y los pobres bueyes del camino del Rocío ¿no se jubilan? Eso es una discriminación".

Sin contar con los veterinarios

"Creo que estamos humanizando a los animales. Sin dejar de mirar por su salud y bienestar, que es obligación de toda la sociedad y desde luego de toda la profesión veterinaria, considero que no tenemos que sobrepasar algunos límites. Y hablar de jubilación me parece que es ya como hacerlo de personas, de humanos", razona el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Badajoz, José Marín, quien no niega "la buena voluntad" con la que se haya podido elaborar el embrión del texto normativo, pero que recalca que para hacerlo no han consultado "a la profesión veterinaria, y estaría bien que antes de todo esto hubiesen contado con ella. Básicamente porque somos los garantes, no solo de la salud animal, sino también de su bienestar". 

"Estaría bien que hubiesen contado con la profesión veterinaria, que es la garante de la salud y bienestar animales"

Califica de "una absoluta barbaridad" y algo carente de base científica el "fijar una misma edad» para el retiro de todos los perros por igual porque algunos «a los siete años son bastante mayores y otros en cambio tienen aún toda una vida por delante". "Creo que es algo a lo que deberían darle una vuelta y rehacerlo", apunta. 

Más allá del uso de animales para fines profesionales, el anteproyecto de ley entra a reglar numerosos aspectos relacionados con su tenencia y la convivencia con ellos, que van desde la prohibición de dejar perros solos en casa más de 24 horas --tres días para el resto de mascotas-- o cursos de formación para sus dueños. En este punto, Marín arguye que España es ya "un país potente en legislación sobre bienestar animal" y defiende que antes que entrar a regular determinados aspectos "más vale que se dedicaran a temas como los perros que están sin identificar, a que los ayuntamientos tuvieran un censo real como manda la ley, o a solucionar el problema de las colonias de gatos urbanas, que todas las ciudades lo tienen y sin embargo no todos los alcaldes lo afrontan". "Son muchos los problemas que existen a día de hoy y que no se arreglan y se entretienen en este tipo de leyes", sostiene.

Las rehalas, problema doble

Además de la Ley Protección y Derechos de los animales, el Gobierno también prepara un real decreto para regular los núcleos zoológicos en el que se fijan condiciones relativas a las dimensiones de las instalaciones de estos espacios y su equipamiento. Asimismo, las condiciones en las que debe alojarse a los animales o con qué formación deben contar sus empleados. Una normativa que afectará de pleno a las rehalas. En la región, el Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura tiene inscritas 472. El número de animales que suman entre todas ellas no está contabilizado, "ni es posible estimar una cifra", se puntualiza, ya que es cada rehala tiene que llevar un libro de registro en su explotación donde anote los animales que la conforman. De media, pueden estar integradas por entre 20 y 25 perros, aunque "siempre se tienen 10 o 15 de más", cuenta el vicepresidente y delegado para Extremadura de la Asociación Española de Rehalas, Javier Mejías, de manera que la cifra total podría rondar fácilmente los 15.000. 

"De la forma en la que quieren aplicar la normativa, acabará con las rehalas. Es un disparate"

Mejías considera que lo establecido por esta normativa "no hay quien lo entienda ni es posible de mantener". Lamenta que "alguien que no tiene conocimiento de nada" [en referencia a Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales e impulsor de esta normativa] quiera "tirar por tierra" todos los avances que se han realizado en este ámbito en la región, donde ya existe la obligatoriedad de inscribir las recovas en un registro de núcleos zoológicos

Suministro de agua o fosa séptica

El borrador de este decreto recoge, entre otras cuestiones, que las rehalas deberán disponer de un sistema de almacenamiento e impulsión de agua que garantice una autonomía del suministro de la red no menor a las cuarenta y ocho horas y otro «sistema acorde con la normativa» para la recogida de aguas residuales o conexión a la red de saneamiento pública, lo que obligaría a construir una fosa séptica en el caso de núcleos aislados en el campo sin acceso a esta . 

También exige habilitar una fuente de luz artificial para permitir la inspección de las instalaciones durante la noche y un sistema de gestión de residuos de medicamentos veterinarios y de piensos medicamentosos. En cuanto a la formación del personal que maneje directamente a los animales, se establece que tiene que haber recibido cien horas mínimo sobre estas materias y que, al menos una vez cada cinco años, completará "cursos de adecuación de los conocimientos a los avances técnicos".

"De la forma en la que lo quieren hacer, esto acabará con las rehalas. Es un disparate. Las exigencias que se pretenden nos sitúan al nivel de industrias agroalimentarias", critica Mejías, que recuerda que ya son unas instalaciones supervisadas por veterinarios y que están sujetas "a una serie de controles a pasar durante todo el año", y que todo ello les supone un gasto "importante". "¿Qué más quieren? Hay muchas industrias que están fabricando productos alimentarios a las que no se les exige tanto. Esto no tiene ni pies ni cabeza».

El vicepresidente de la asociación española de rehalas se pregunta igualmente "con qué asesoramiento profesional se ha contado para confeccionar estos borradores, si no tienen ni siquiera el visto bueno «de los veterinarios o de sanidad animal". Estos textos, asevera, revelan un "desconocimiento muy grande del mundo rural. Esta ley la van a sacar adelante y es peligrosísima. Y a quien más daño va a hacer es a los animales", vaticina. 

"Que a un mastín haya que jubilarlo a los siete años, si es cuando ha empezado a vivir, y a cumplir con su obligación, que es custodiar al ganado...", alega. Una raza de la que, precisa, «son muy amantes" las rehalas extremeñas, en las que pueden estar cazando "perfectamente" hasta diez o doce años. "Es como si a nosotros nos jubilasen con 30", remacha. 

Más de 575.000 animales de compañía inscritos desde la creación del registro

Más de 575.000 animales han sido inscritos en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (Riace) desde su puesta en funcionamiento a través de un decreto autonómico publicado a finales del 2009. Esta normativa, con la que se reguló la identificación, registro y pasaporte de determinados animales de compañía, lo convirtió en un trámite obligatorio para perros y voluntario en gatos y hurones. De los primeros, se han inscrito 567.804, 349.389 en la provincia de Badajoz y 218.415 en la de Cáceres. De ellos, 12.290 son de razas potencialmente peligrosas (7.891 y 4.399, respectivamente). Además, el microchip subcutáneo se ha implantado en 6.299 gatos, 649 hurones y 274 animales de otras especies. 

No se trata, en cualquier caso, de un censo actualizado de animales en la región ya que, precisan desde la Consejería de Agricultura, sus propietarios «en la mayoría de las ocasiones» no los dan de baja cuando fallecen o marchan a otras comunidades autónomas, por lo que es un listado de los que se han dado de alta desde el inicio del sistema.

Entre los perros potencialmente peligrosos, el mayor volumen corresponde a la raza pitbull terrier   (3.814), por encima de american stafforshire terrier (3.335); rottweiler (1.419); doberman (1.054); dogo argentino (1.028); american stafordshire bull terrier (523); american bully   (516); staffordshire bull terrier (445); akita-inu (107); y fila brasileño (49).