La Comisión de Universidades del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de convivencia universitaria por 20 votos a favor y 15 en contra, una norma que ha suscitado el rechazo de rectores, alumnos y de la oposición al considerar que diluye los mecanismos de mediación recogidos en el texto original del Gobierno.
El proyecto, que en octubre pasado superó una enmienda a la totalidad del PP y otra de ERC, que finalmente fue retirada tras alcanzar un acuerdo con PSOE-Unidas Podemos, se enviará ahora directamente al Senado al aprobarse con competencia legislativa plena, un procedimiento “exprés” que han criticado de forma unánime todos los grupos de la oposición al entender que de esta manera se hurta el debate.
La ley dará a los centros de enseñanza superior tendrán una herramienta actualizada para sancionar el plagio, las novatadas, las trampas en un examen o los escraches.
El presidente de la comisión, Gerardo Pisarello, explicó que esta ley supone un “avance democrático”, ya que deroga una norma franquista de 1954 que será sustituida por una de convivencia que “va a cambiar el espíritu punitivo”.
