La aplicación del indulto concedido por el Gobierno a Juana Rivas podrá hacerse realidad en las próximas semanas después de que la fiscal del caso en Granada haya asumido 'in extremis' el criterio establecido en una reunión al más alto nivel, presidida por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la que se acordó informar a favor de la suspensión de los meses de pena que aún le quedan por cumplir a esta mujer, que fue condenada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores.

La fiscal del caso, según apuntan diferentes fuentes a El Periódico de España, se negaba a apoyar la suspensión de los meses que restaban de la condena, ya que apuntaba que la Justicia no había detectado malos tratos por parte del exmarido de Rivas Francesco Arcuri. Tampoco creía conforme a derecho que se pudiera invocar el interés de los menores para que no entrara en prisión, pues los niños habían sido víctimas del delito de secuestro.

Este cambio de opinión, inducido por la intervención de Dolores Delgado, promueve ahora la libertad de Rivas, aunque la última palabra la tiene el juez de lo Penal número 1 de Granada, quien tendrá que aplicar en la práctica el indulto parcial que le fue concedido a esta mujer por el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez rebajó la pena de Juana Rivas a un año y tres meses de prisión, y además cambió la inhabilitación que se le había impuesto para ejercer la patria potestad por otra pena accesoria, consistente en 180 días de trabajo en beneficio a la comunidad.

Oposición a la fiscal

Sin embargo, la fiscal de Granada rechazó frenar el ingreso en prisión de Juan Rivas, a quien le restaban unos meses de cárcel. Pero la reunión celebrada hace unas semanas en la sede de la Fiscalía General para unificar criterios respecto a la aplicación de este indulto ha reactivado la suspensión de la entrada en la cárcel de la mujer. En el encuentro estuvieron presentes el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, los fiscales de Sala de Menores y Violencia de Género, Eduardo Esteban y Teresa Peramato, respectivamente; el fiscal que emitió el informe sobre el indulto, la fiscal jefe de Andalucía, Ana Tárrago y el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, según han informado a El Periódico de España fuentes de la Fiscalía General. En la reunión se estableció que priman los argumentos expuestos en su día por la Fiscalía del Tribunal Supremo al apoyar el indulto, favorables a la conmutación de la pena, al entender que prima el interés superior de los menores.

Dos días después de concederse el indulto a Juana Rivas, el juez de Granada anuló la pena accesoria de privación de la capacidad de tomar decisiones relevantes sobre el futuro de sus hijos, pero aún está pendiente suspender o no los meses de condena que aún le quedan por cumplir.

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ya había anunciado que solicitarían la suspensión de la pena de cárcel que aún tenía pendiente al considerar que se cumplían todos los requisitos fijados para ello. "Si el juez fuese razonable, lo normal sería que se suspendiera la ejecución de esos siete meses de prisión que restan por cumplir", de los que Juana Rivas ya ha cumplido cinco, según trasladó en un comunicado.

En tercer grado

Desde junio de este año Juana Rivas cumplía condena en un Centro de Internamiento Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, del que salió durante un periodo breve en verano para continuar con un tercer grado, en el que es vigilada a través de una pulsera de control telemático desde su casa, gracias a una decisión de Instituciones Penitenciarias. Fue finalmente el 20 de julio cuando reingresó en el CIS, un centro en el que se cumplen penas en régimen abierto.

La decisión de Rivas de sustraer a sus hijos del control de su padre, de nacionalidad italiana y a quien la mujer atribuye malos tratos, fue el origen de una fuerte polémica desde que la historia salió a la luz por el apoyo a la decisión de la madre por parte de algunos grupos feministas, que han venido criticando todas las decisiones que ha dictado la justicia sobre este asunto. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido desde el principio la actuación de la mujer granadina.

Tras ser condenada por el Supremo, Rivas se presentó voluntariamente en un centro de cumplimiento (CIS) para que se ejecutara la orden de ingreso en prisión y el 15 de junio fue clasificada en tercer grado penitenciario. Se le aplicó el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.

No regresó a Carloforte

Los hechos probados de la sentencia contra Juana Rivas señalan que en mayo de 2016 viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte (Italia), donde llevaba conviviendo tres años con su entonces pareja. El 2 de agosto le comunicó que no iba a regresar a Italia y escolarizó a los niños en un colegio de Maracena (Granada).

El progenitor, que tenía la guarda y custodia provisional de los dos menores, denunció los hechos y un juzgado de Primera Instancia de Granada acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos niños. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. Rivas entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.