El finiquito de los contratos de los investigadores pre y posdoctorales será asumido íntegramente por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que destinará 12 millones de euros a saldar una reivindicación de ese colectivo, que en Galicia cuenta con alrededor de 2.000 personas afectadas. En toda España, la cifra puede alcanzar los 15.000, según las estimaciones de plataformas de afectados.

El departamento dirigido por Diana Morant aceptó sus reivindicaciones para incluir en la futura ley de ciencia las indemnizaciones con carácter retroactivo para este personal, que logrará así un dinero equivalente a 12 días por año trabajado cuando finalicen sus contratos. La futura legislación ya incluye esa cuestión para los contratos que se suscriban a partir de su entrada en vigor. Además, se anulan los contratos por obra, que pasarán a ser indefinidos en aplicación de la reforma laboral.

El coste de las primera medida será de 12 millones y “será el ministerio el que la asuma”, aseguró Morant en una entrevista publicada ayer por El País. “El contrato indefinido no cuesta nada. Lo absurdo era ponerle fecha de caducidad cuando la línea de investigación no la tenía. Los contratos de la ley de la ciencia están garantizados. El problema eran los contratos ya suscritos, que estaban a nombre de una universidad u otro actor del sistema. Al no estar prevista la indemnización, esta podría causarle un problema presupuestario. Nosotros reconocemos el derecho, incluido el de los contratos en vigor, y desde el Ministerio asumiremos esas indemnizaciones que no tenían previstas las comunidades autónomas y las universidades cuando se formalizaron esos contratos. La cifra final podría rondar los 12 millones de euros”, expuso la ministra.

Hace diez días, Diana Morant ya había garantizado el cumplimiento de las expectativas por parte de los investigadores acerca de esa indemnización. “Hemos hecho nuestra su justa reivindicación”, había declarado en las redes sociales.

Una de las cuestiones clave de la reforma laboral versa sobre la eliminación de los contratos por obra y servicio, cuestión que afecta a futuro profesional de 1.350 investigadores del sistema universitario gallego, como adelantó LA OPINIÓN el pasado mes de enero. En toda España la cifra ronda los 25.000.

Se trata de unos 300 en vigor en la Universidade da Coruña (UDC), 700 en la de Santiago de Compostela (USC) y unos 350 en la de Vigo (Uvigo), que desaparecerán cuando finalice su vigencia a partir de abril, al amparo de la nueva legislación.

Morant se refirió a esta cuestión en sus declaraciones a El País. “Hemos hablado con las universidades y con los centros de investigación. Saben que conocemos este impás. Hasta que llegue y se apruebe la Ley de la Ciencia lo que vamos a hacer es adelantar a la práctica las condiciones de este contrato. Es cuestión de días. El plazo es hasta el 31 de marzo, pero vamos a tener la solución antes”, indicó la ministra.