“El hombre está sufriendo enormemente e incluso ha pedido a su familia que le ayude a morir”, asegura la doctora en Filosofía del Derecho y miembro de la directiva de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Galicia, Ascensión Cambrón.

Tras conocer el caso de un paciente coruñés de 90 años que solicitó la eutanasia y que vive con preocupación la demora en el proceso, critica la actitud “pasivamente obstruccionista” de la Administración ante estas solicitudes.

Se trata de un hombre dependiente y afectado por diversas enfermedades, con su vida restringida a su domicilio en A Coruña y que solicitó la prestación de ayuda médica para morir, tal y como contempla la Ley de eutanasia.

Solicitud

Lo hizo ante el coordinador de su centro de salud y, luego, junto a su médica de familia. La petición fue firmada junto a su mujer, explican. Además, ya había registrado su testamento vital y tiene reconocida por el Sergas plena capacidad de decisión.

Cuatro días después de presentar la solicitud, y “ante la falta de respuesta”, el paciente formalizó una reclamación ante el área sanitaria. La asociación narra el periplo entre contactos telefónicos en los que “se incluyó algún comentario improcedente”, la falta de un informe escrito sobre el proceso y las alternativas y visitas a domicilio “de profesionales que no se identificaron”. “La única respuesta ha sido una llamada para preguntarle “¿por qué tantas prisas?”, indica Cambrón.

Aseguran que fue “pasado el día quince” cuando la médica responsable, pero desconocida para el paciente, acudió a su domicilio y recogió la confirmación de la voluntad de morir, así como preguntó por el procedimiento que elegía “y comprometió otra visita en quince días”.

Al mismo tiempo la asociación DMD lamenta el desconocimiento y falta de protocolos aún hoy en día y a pesar de haberse promulgado la Ley. “Desde Atención Primaria se llegó a decir que no iba a seguir viéndolo la enfermera que le asiste a domicilio si solicitaba morir”. Para la entidad, esta situación está motivada, entre otras cuestiones, por la “falta de acciones de difusión y formación” dirigidas a los profesionales del Sergas “sobre el nuevo derecho y la nueva prestación” incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, “junto con la resistencia a incluir expresamente en el impreso de uso del Sergas para recoger el testamento vital la opción de la eutanasia”.

A nivel jurídico también critican el cambio efectuado el pasado 30 de diciembre del Protocolo sobre el Procedimiento para la realización de la prestación de la ayuda para morir, por parte de la Consellería de Sanidade.

Actualmente se refleja que la unidad encargada de la gestión de esa prestación “asignará un médico responsable en el menor plazo posible”, cambiando así el texto previsto en las anteriores ediciones del protocolo —23 de junio y 16 de septiembre de 2021— y en el que se fijaba “en el plazo máximo de dos días naturales”. “Era acorde con el espíritu y letra de la Ley, que remarca y protege la urgencia de la respuesta a la persona solicitante, e impide la arbitrariedad del gobernante en la satisfacción de un derecho”, expresa Cambrón, al tiempo que defiende que no se puede incluir en un documento público “en el menor plazo posible” al incorporar un nuevo derecho a la cartera de servicios sanitarios.

No opina lo mismo la Administración sanitaria. El Sergas, consultado a este respecto, reconoce el cambio (de “dos días” al “menor plazo posible”) pero alega que se produjo “no en aras de retrasar dicha prestación, sino de actualizarla a lo que marca la Ley”. “Un aspecto diferencial de nuestra comunidad autónoma es incorporar una figura como unidad gestora de la prestación para garantizar en todo momento el cumplimiento de plazos y requisitos que exige dar esta prestación. Esta figura está encargada de encontrar, contactar, designar, acompañar e informar al médico responsable, teniendo muy presente las preferencias del paciente”, explican desde la Consellería de Sanidade. También añaden que “esta tarea no es sencilla y estábamos incorporando un plazo que no está establecido en la Ley”.

A finales del año pasado un gallego se había acogido ya a la eutanasia y otros siete estaban en espera tras solicitarlo, según reconocía Sanidade.

El primero en acogerse a este derecho en Galicia fue un paciente ourensano que sufría un cáncer en estado avanzado.