El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta a prorrogar en toda Galicia, hasta el próximo 26 de marzo, la obligación de presentar el certificado COVID-19 de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa para visitar a los pacientes ingresados en centros hospitalarios y sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con diversidad funcional.

Los magistrados consideran que la “existencia relevante del riesgo dentro del territorio de Galicia” justifica “genéricamente la adopción de medidas que puedan reputarse idóneas para contener la transmisión del virus”. El TSXG también incide en que las medidas propuestas son adecuadas para los entornos que establece la orden de la Xunta porque en ellos se concentran “personas especialmente vulnerables”. En el auto, además, destaca que las medidas son la forma “menos lesiva” de compatibilizar “la salvaguarda de la vida y la salud con el ejercicio de otros derechos como el de reunión o acceso a determinados espacios cerrados y el derecho a la intimidad personal y a la vida familiar, propios de la visita a seres queridos internados en esos centros”.

Los jueces también indican que cualquiera de las alternativas al certificado de vacunación está “fácilmente disponible para el ciudadano/a, de manera que el sacrificio de acudir a cualquiera de ellas para la realización de las actividades condicionadas parece razonable”. Los magistrados aseguran que las medidas propuestas por la Xunta conllevan “la restricción en grado mínimo de derechos fundamentales, un sacrificio tenue del derecho, en expresión de la sentencia del Tribunal Supremo nº 1112/2021, con relación a la fuerte salvaguarda que se pretende del derecho a la vida y a la salud”.

La Sala advierte en el auto de que, si bien la situación epidemiológica de Galicia determina “un riesgo de transmisión del virus decreciente”, según el informe presentado por la Consellería de Sanidade, los valores continúan siendo elevados. “Además del daño intrínseco que causa a la población afectada, sigue ocupando significativos recursos del sistema público de salud de Galicia”, subrayan los magistrados.