El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo recibió hace un mes y medio el encargo de los obispos de investigar los abusos sexuales a menores, en un gesto claro de enmienda por parte de la Iglesia Católica española, que hasta ese momento había minimizado el fenómeno. Desde entonces, el bufete ha intentado recabar el mayor número posible de testimonios de víctimas, para entregar en febrero del año que viene un completo informe sobre estos delitos. Pero la iniciativa está chocando con la desconfianza de las víctimas: en estas seis semanas, solo ha recibido 50 denuncias, de las cuales 15 ya se conocían.
En Portugal, una comisión similar, también creada por los obispos, recopiló en su primer mes de trabajo 214 de estos testimonios, pese a que el país vecino tiene 10,31 millones de habitantes, frente a los 47,35 de España.
A este ritmo, si no hay cambios, el despacho, que acepta que los afectados cuenten su caso de forma anónima y ha habilitado un correo al efecto (denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com), culminará su encargo con un total de 400 denuncias, una cifra menor de las 506 que ha recopilado por sí misma la Iglesia Católica española a través de las distintas diócesis. Todo dentro de un contexto en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo el encargo al bufete, entre otros motivos, porque consideraba que los testimonios no le estaban llegando, debido a la dificultad de que los afectados por los abusos contaran su caso ante la misma institución a la que pertenecen quienes habían abusado de ellos.
La escasa cifra lograda hasta el momento por Cremades & Calvo Sotelo denota la desconfianza de las víctimas hacia su trabajo. Sin embargo, Javier Cremades, presidente del bufete, insistió este miércoles, durante la presentación de los miembros del equipo de trabajo, en que la respuesta por parte de los afectados está siendo “muy positiva”.
Los expertos
La iniciativa del despacho mira hacia afuera, buscando precedentes en Europa y América. La auditoría contará con expertos como el psiquiatra Pedro Strecht, que preside la comisión creada por el episcopado de Portugal para investigar los abusos; los abogados del despacho alemán que elaboró el informe sobre la pederastia en las archidiócesis de Múnich y Frisinga, junto con varios letrados argentinos, norteamericanos y británicos, que se sumarán a los miembros españoles, entre los que destacan exmagistrados del Constitucional y el Supremo como Rafael Fernández Montalvo y Juan Saavedra.
A este equipo se le sumarán otras tres personas, que realizarán “trabajos parciales”. Manuela Carmena, exjueza y exalcaldesa de Madrid; Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, y el periodista Juan Luis Cebrián, que fue abusado sexualmente en la infancia.
El objetivo es difundir a principios del próximo año un informe que hará una radiografía de estos delitos en el seno de la Iglesia Católica española, a partir de las denuncias que han llegado o llegarán al bufete. El documento incluirá recomendaciones para abordar y también dará pie a indemnizaciones a las víctimas. Dado que ha sido la propia Conferencia Episcopal Española (CEE) la que ha hecho el encargo, la colaboración de las diócesis, prestando su testimonio y dejando acceder a sus archivos, se da por descontada.
Pero de momento, su trabajo es observado con desconfianza no solo por las víctimas, sino también por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que dirigirá la comisión de investigación de los abusos que aprobó hace unas semanas el Congreso, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Los trabajos de uno y otro organismo corren el riesgo de solaparse, pero Cremades dijo este miércoles que su informe “complementará” el de Gabilondo.
“Supongo que el bufete de abogados trabaja para hacer valer las razones de la Iglesia. No lo han contratado las víctimas, ¿verdad?”, dijo el defensor del pueblo a mediados del mes pasado.
Poco después, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, se reunió con la asociación Infancia Robada, muy cercana al PSOE, ya que su presidente, Juan Cuatrecasas, padre de un joven que sufrió abusos en un colegio religioso, es diputado socialista. El encuentro fue largo, duró más de tres horas, y sirvió para que las víctimas pidieran a Omella que rompiese su acuerdo con Cremades, al ser este “miembro destacado” del Opus Dei, una organización “cuya conducta”, dijo la portavoz de la entidad, Ana Cuevas, “se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice”.
El presidente del episcopado se comprometió entonces a estudiar “vías alternativas” a la del despacho de abogados, pero esta continuará adelante, como prueba la convocatoria de este miércoles. “La profesionalidad e independencia de este grupo de trabajo se juzga por sí misma. Dentro de 11 meses entregaremos un informe”, señaló Cremades.
